El plan anticorrupción de Sánchez sigue sin aprobarse un año después

Ninguna de las 15 medidas anunciadas por Pedro Sánchez ha entrado en vigor un año después del plan de lucha contra la corrupción. La ley de integridad pública, eje central, sigue pendiente de tramitación mientras el calendario electoral reduce el margen para su aprobación.

Doce meses sin avances

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el plan el 9 de julio de 2025 tras la imputación y prisión del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Doce meses después, ninguna medida ha entrado en vigor. El anteproyecto de ley de integridad pública, que engloba nueve estrategias, necesita la segunda aprobación del Consejo de Ministros y el apoyo del Congreso. La proximidad del fin de la legislatura, con disolución de Cortes prevista para mediados de agosto de 2026, podría reiniciar todo el proceso si las normas no se aprueban antes.

La ley de integridad pública, el núcleo del plan

El anteproyecto de ley de integridad pública prevé la creación de la Agencia Independiente de Integridad Pública, que unificará la Oficina de Conflictos de Intereses, la Autoridad de Protección del Informante y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude. También introduce mayor control sobre la financiación de partidos, obligando a auditorías externas si reciben más de 50.000 euros públicos y rebajando a 2.500 euros el límite para publicar donaciones privadas. En el plano penal, eleva la prescripción de delitos de corrupción de cinco a siete años y prohíbe el tercer grado a condenados que no devuelvan el dinero malversado.

Medidas fuera del macroproyecto legal

Quedan seis reformas prometidas fuera de la ley. La Ley de Administración Abierta y la Ley de Transparencia e Integridad de los Grupos de Interés ya están en tramitación, aunque esta última permanece paralizada. Otras cuatro medidas, como la plataforma de contratación con Big Data e inteligencia artificial, la formación obligatoria en integridad, la campaña social de concienciación y la encuesta anual del CIS sobre corrupción, permanecen en ‘impasse’.

Cronología de la parálisis

En agosto de 2025 se creó la comisión interministerial, adscrita al Ministerio de Hacienda. La estrategia quedó paralizada hasta febrero de 2026, cuando el Consejo de Ministros dio el visto bueno al anteproyecto. La primera sesión de la comisión se celebró una semana después, seis meses más tarde de lo previsto. El calendario contemplaba la segunda aprobación para junio de 2026, pero la fragmentación parlamentaria y el fin de la legislatura embarran los plazos.

Implicaciones de la falta de aprobación

La ausencia de avances deja sin efecto el compromiso adquirido por Sánchez tras el terremoto político de la caída de Cerdán. El fin de la legislatura, con la obligada disolución de las Cortes, implica que las normas no aprobadas deberán reiniciar su proceso con un nuevo Gobierno. La fragmentación parlamentaria y la proximidad de la convocatoria electoral reducen las posibilidades de que las 15 medidas entren en vigor antes de la disolución de las Cámaras.