La izquierda lleva a la ruina al cine español

paco de leon

Recientemente se han conocido las cifras del sector del cine en España, incluyendo la recaudación del cine español.

Se confirma la tendencia bajista, que se debe a múltiples factores: la pandemia, las restricciones en movilidad durante 2020 y 2021 y el auge de las plataformas audiovisuales.

Me quería detener en un punto que es interesante analizar: El mundo del cine, como ocurre en todos los negocios y mercados, tiene como objetivo ganar dinero. Poner en marcha una película tiene sus riesgos y es evidente que hasta que no la estrenas, no sabes la aceptación que tendrá en el público…

Cine politizado

Entiendo que “el cine”, en abstracto, es una industria que crea empleo, por la variedad del personal necesario para que se produzca una película. Pero últimamente la izquierda ha politizado descaradamente un arte que tenía excelente reputación en el mundo, y no nos basamos sólamente en su pobre recaudación, sino es su sectarización y comentarios de artistas que en vez de hacer su trabajo se han dedicado a incendiar a la sociedad.

Dinero público para el cine

La paradoja viene cuando desde la izquierda protestan por subvenciones a los ganaderos (el toro, enemigo de la izquierda) o a ONG comandadas por la Iglesia.

En cambio, cuando se destinan fondos públicos a “lo LGTBI+,” a sindicatos de clase corruptos o al cine español ideologizado, todos son parabienes.

Almodóvar, Los Bardem o tantos otros basan sus últimos films en determinadas temáticas polémicas y políticas, propias de una agenda comunista o socialista.

Eso cansa en el espectador, más interesado en películas “sencillas”, como las de Santiago Segura.

Son muy libres de hacer el cine que consideren oportuno, pero que no se lamenten después si no tienen espectadores o de que la subvención no cubre sus gastos. Así lo demuestran las cifras de recaudación de los últimos años.

Reformemos el sistema de concesión de subvenciones, no sólo para el cine, de modo que sean concedidas una vez que el proyecto haya sido ejecutado, o al menos, que se haga un seguimiento de la “utilidad pública”.

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