El TJUE avala la amnistía y permite el regreso de Puigdemont
El fallo del TJUE del 16 de julio de 2026 abre la puerta al retorno de Carles Puigdemont a Cataluña al negar que malversara fondos europeos con el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. La sentencia cierra un ciclo de diez años marcado por el ‘procés’ y la huida del expresident.
El aval europeo a la amnistía
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que Carles Puigdemont no incurrió en malversación de fondos europeos por la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. La corte también resolvió que la ley de amnistía no vulnera el Derecho comunitario en la lucha contra el terrorismo. La decisión, prevalente sobre los ordenamientos nacionales, obliga al Tribunal Supremo español y al Tribunal Constitucional a encauzar el fallo.
Repercusión judicial y política
La sentencia del TJUE permite el regreso de Puigdemont, quien se fugó a Bruselas el 30 de octubre de 2017 tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución. El fallo se produce después de que el Supremo mantuviera una orden nacional de detención contra él por malversación agravada. La decisión europea cierra el ciclo condicionado por la ley de amnistía, que exoneraba delitos asociados al ‘procés’.
Antecedentes de una década de ‘procés’
Puigdemont fue investido presidente de la Generalitat el 10 de junio de 2016 tras la renuncia de Artur Mas. El 1 de octubre de 2017 celebró un referéndum ilegal sin amparo constitucional, con la participación de 2,3 millones de personas. Tras la declaración unilateral de independencia el 27 de octubre de 2017, que duró 56 segundos, huyó a Bruselas. Fue detenido en Alemania el 25 de marzo de 2018 y posteriormente elegido eurodiputado el 12 de enero de 2019.
Implicaciones del fallo del TJUE
La sentencia del TJUE del 16 de julio de 2026 constituye el último hito en la trayectoria de Puigdemont. El fallo permite su retorno a Cataluña, a la espera de cómo el Supremo y el Constitucional encaucen la decisión europea. La amnistía, que provocó una profunda división política y judicial, queda así avalada por la máxima instancia judicial de la Unión Europea.
