El Gobierno acusa a la Audiencia de cacería contra Begoña Gómez
La Audiencia Provincial de Madrid envía a Begoña Gómez a juicio por tráfico de influencias y malversación. El Ejecutivo cambió su discurso en 72 horas, pasando de apoyar a los jueces a denunciar una persecución política, según fuentes oficiales, tras el fallo del 16 de julio de 2026.
Del respeto judicial a la ofensiva política
El ministro Félix Bolaños expresó el lunes confianza en magistrados «competentes, imparciales, independientes». El jueves, Óscar Puente ironizó en X sobre el fallo. Rebeca Torró, del PSOE, calificó la decisión de «cacería política obscena». Fuentes oficiales negaron respeto a los jueces y afirmaron que Gómez es inocente.
Ocho años de prisión en el banquillo
La Audiencia archiva apropiación indebida y corrupción, pero Gómez se sentará ante un jurado popular. Los delitos restantes son tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, con penas máximas de ocho años de prisión. El Gobierno optó por la «trinchera del agravio».
Antecedentes: el caso David Sánchez
El martes, la Audiencia de Badajoz condenó a nueve años de inhabilitación a David Sánchez, pero exoneró al presidente del Gobierno de presión. Moncloa usó el fallo para redoblar la tesis de «cacería» judicial, pese a que el tribunal descartó tráfico de influencias del jefe del Ejecutivo.
Repercusión electoral del juicio a Gómez
El Ejecutivo considera que la estrategia del «lawfare» moviliza a votantes progresistas y mantiene unida a la mayoría de investidura. El juicio oral a Gómez, previsto para el primer semestre de 2027, podría influir en futuras elecciones. El relato de ataque de la «derecha judicial y mediática» es el pegamento del bloque.
