El ruin silencio de los sindicatos

sindicatos comprados

Uno de los males endémicos de la sociedad, en particular de la española, es el papel que desempeñan los sindicatos. Recordemos algunas de sus incongruencias:

Memoria selectiva

Me indigna que existan unos colectivos de clase, mal llamados sindicatos de trabajadores, QUE RECIBEN SUBVENCIONES MILLONARIAS y no se ajustan a los controles y auditorías a las que deberían estar obligados.
Recordemos que se han visto implicados en varios casos de corrupción a nivel nacional, y también en varias regiones, como el desvío de fondos públicos destinados a la formación en Asturias o Andalucía, o el gigante desfalco de los ERES, en el que estuvo implicada la propia Junta de Andalucía en época socialista.

Recordemos que el Gobierno de Pedro Sánchez incrementa en un 56 % el montante que reciben.

Enemigo equivocado

Los sindicatos de clase (sobre todo UGT, CCOO y CGT) han priorizado su ideología y dirigen el ataque al Partido Popular y a los empresarios, dando a entender que son los culpables de esta crisis. La realidad palpable es que si una empresa no contrata para incrementar su capacidad, entre otras razones es por el cada vez más complejo mercado laboral, que no premia la contratación, sino el posible despido futuro. Todo ello sin hablar de las trabas que ponen los delegados y liberados al funcionamiento de la empresa.

Derecho a huelga y piquetes «informativos»

Me gustaría recordar a los mal llamados piquetes, que en la mayoría de los casos son unos energúmenos que se dedican a coaccionar a todos aquellos que quieren trabajar, a los que no pueden permitirse el lujo de no hacerlo ese día o incluso a quienes tienen una responsabilidad en sectores estratégicos para el buen funcionamiento de España.

Cuando en las jornadas de huelgas se producen forcejeos, coacciones, amenazas y violencia contra las personas y los objetos, todos los que apoyan de forma legítima las razones de dichas protestas tendrían que sentirse dolidos, utilizados y avergonzados de que esos sujetos estén ahí, con esa actitud desafiante, chulesca e incluso matonista con sus propios compañeros de trabajo.

Cabe destacar que una de las condiciones que siempre ponen los convocantes (y suelen aceptar las empresas) es referente a los expedientes disciplinarios abiertos por causas de violencia, coacción o intimidación, y/o incumplimiento de los servicios mínimos establecidos. Se pone sobre la mesa la exigencia del archivo de esas denuncias por violencia.

Los expedientes disciplinarios por motivos de violencia, intimidación o similares deberían pasar obligatoriamente por un juzgado, y las denuncias ante las Fuerzas de Seguridad del Estado; así no podrían quedar impunes esos delitos. Un derecho de huelga, protesta o manifestación no es una barra libre para que la violencia forme parte de aquel. No es admisible y tendría que haber un impedimento legal para que esos expedientes se cerrarán, sin ni siquiera ser investigados, y los infractores / delincuentes, sancionados por ello. Por el contrario, el Gobierno de Sánchez ha decidido justo lo contrario.

Redefiniendo los sindicatos

La solución es que los gastos que tengan sean sufragados con sus cuotas sindicales, de sus afiliados, sin que nadie tenga que aportar un «impuesto revolucionario». Está comprobado que ambos sindicatos han servido de correa de transmisión del Partido Socialista y otras organizaciones de extrema izquierda, en vez de dedicarse a la defensa de los trabajadores.
Si realizan actividades que sean de interés, deberían recibir las subvenciones una vez realizadas y con una auditoría del correcto cumplimiento de las mismas.

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