Prioridad nacional de Vox acaba en Fiscalía por retirar paga a menores
17 euros semanales es la asignación que el Gobierno de Aragón, impulsado por Vox, ha suprimido para menores extranjeros no acompañados. El Ministerio de Juventud e Infancia ha elevado el caso a la Fiscalía de Sala de la Unidad de Menores este 27 de julio de 2026, al considerar que la medida discrimina por origen y vulnera derechos fundamentales.
Vox justifica el recorte con la “prioridad nacional”
El vicepresidente aragonés Alejandro Nolasco ha ordenado eliminar las pagas semanales de 17 euros que recibían los menores migrantes tutelados. El departamento alega que las asignaciones carecían de soporte reglado y suponían un coste anual de 180.000 euros. Según Nolasco, ese dinero «equivale al coste de hasta siete nuevas plazas para ancianos en residencias» y debe destinarse primero a ciudadanos españoles.
Reacción del Ministerio de Juventud e Infancia
La ministra Sira Rego ha calificado la decisión de «racista» y «miserable», y ha señalado que es «la aplicación directa de la prioridad racista que el PP ha firmado gustosamente con Vox». El Ministerio ha remitido un oficio a la Fiscalía para que determine si se vulneran los artículos 14 y 39 de la Constitución, que prohíben la discriminación y obligan a proteger a la infancia.
Antecedentes: el origen de la paga a menores migrantes
La Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia, dirigida por Alejandro Nolasco, realizó auditorías internas de gasto y detectó que la asignación de 17 euros semanales por menor extranjero no acompañado se abonaba de forma fija sin soporte reglado. La medida suprime esas pagas para todos los menores migrantes bajo tutela, mientras se mantienen para los menores con nacionalidad española.
Implicaciones legales y políticas
La Fiscalía de Sala de la Unidad de Menores deberá valorar si la retirada de la paga vulnera el principio de igualdad y la protección de la infancia. El Ministerio advierte que las administraciones deben garantizar las necesidades cotidianas de los menores tutelados sin discriminación. El caso podría sentar un precedente sobre los límites de las políticas autonómicas de «prioridad nacional».
