Hazte Oír pide 13 años de cárcel para Begoña Gómez tras decisión judicial

Hazte Oír solicita 13 años de cárcel para Begoña Gómez por tráfico de influencias y dos delitos de malversación. La Audiencia Provincial de Madrid retiró dos cargos previos. El juez Peinado ordenó ajustar las acusaciones. También piden pena para Cristina Álvarez.
La Verdad
La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.
La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. — Europa Press / La Verdad

Hazte Oír pide 13 años de cárcel para Gómez

13 años de cárcel solicita la acusación popular Hazte Oír para Begoña Gómez en su nuevo informe final. La petición se produce dos semanas después de que la Audiencia Provincial de Madrid retirase dos de los cargos iniciales. El juez Peinado ordenó adaptar las conclusiones a los delitos supervivientes: tráfico de influencias y dos de malversación.

Penas desglosadas y nuevas fianzas

Hazte Oír detalla la condena para Gómez en dos años por tráfico de influencias, tres por malversación continuada por el uso privado de su asistente en Moncloa, y ocho años por malversación cualificada vinculada al desvío del software de la Cátedra de Transformación Social Competitiva. Para Cristina Álvarez, asistente de la esposa del presidente, piden seis años de prisión como cooperadora necesaria. Además reclaman la apertura de juicio oral ante el Tribunal del Jurado, la prohibición de disponer de las participaciones de la sociedad Transforma TSC y el bloqueo de marcas registradas a nombre de Gómez. Solicitan también 20 años de inhabilitación absoluta para Gómez por la apropiación del software de la UCM, más 10 años de veto para subvenciones y 4 años de suspensión de empleo público. Para Álvarez, piden 15 años de inhabilitación absoluta.

Justificación de la acusación

Hazte Oír sostiene que Gómez usó su posición institucional para crear la cátedra en la Universidad Complutense (UCM) pese a carecer de titulación superior. Según la acusación, logró patrocinios de Google, Telefónica e Indra para desarrollar un software de medición social, pero lo registró a su nombre y creó una sociedad mercantil. Álvarez, supuestamente, desvió tiempo y medios de su cargo público en Moncloa para gestionar la agenda académica y empresarial de Gómez.

Corrección judicial que redefinió el caso

El pasado 20 de junio, el juez Juan Carlos Peinado dictó medidas cautelares —incluida la retirada del pasaporte de Gómez— consideradas desproporcionadas por las defensas. La Audiencia Provincial de Madrid estimó parcialmente los recursos y acotó los límites de la investigación, eliminando dos cargos por carecer de sustento. En acatamiento, Peinado ordenó el 19 de julio un nuevo traslado a las acusaciones para que limitaran sus peticiones a los delitos supervivientes: tráfico de influencias y dos delitos de malversación.

Próximos pasos procesales

Con la reformulación de las acusaciones, el caso avanza hacia la apertura de juicio oral. La reducción de cargos y la corrección de la Audiencia Provincial marcan un nuevo escenario, mientras las fianzas y medidas cautelares solicitadas por Hazte Oír buscan asegurar las responsabilidades patrimoniales de las investigadas. La investigación, fuertemente marcada por el choque político e institucional, queda ahora acotada a tres ilícitos penales.

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