David Sánchez y Gallardo confían en ser absueltos
El juicio por el supuesto enchufe del hermano del presidente del Gobierno quedó visto para sentencia este martes en la Audiencia de Badajoz. Los once acusados, entre ellos David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, esperan un fallo absolutorio tras perder el «juicio social».
Los acusados denuncian un juicio social
Durante su última palabra, Miguel Ángel Gallardo afirmó que las acusaciones populares ya han ganado el juicio social. El expresidente de la Diputación defendió su inocencia y la del resto de imputados. Gallardo aseguró que su única culpabilidad es no tener las mismas ideas que la acusación popular, que considera un enjuiciamiento político impulsado por asociaciones de derecha.
El pseudosindicato Manos Limpias
Manos Limpias presentó la querella en mayo de 2024 que desencadenó la causa. A este colectivo se sumaron Abogados Cristianos y los partidos PP y Vox. Gallardo concluyó que algunos letrados ya se han ido porque han hecho la labor que pretendían: el juicio mediático paralelo.
Declaraciones de otros imputados
Francisco Martos manifestó no entender qué ha pasado y describió el escrutinio como incomprensible. Manuel Candalija señaló a las acusaciones populares como responsables del acoso mediático. Félix González afirmó que el calvario de estos dos años no lo merece. Ricardo Cabezas defendió el trabajo de la institución. Luis Carrero no se dirigió a la sala, pero su abogado Salvador Morillas retó a demostrar que es un enchufado, asegurando que no existen pruebas.
La Fiscalía pide la absolución
Las defensas coinciden en la falta de pruebas. La Fiscalía también ha pedido la absolución de todos los acusados.
Antecedentes del caso
David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y Miguel Ángel Gallardo son juzgados por el supuesto enchufe del primero en la Diputación de Badajoz en 2017. Han pasado nueve años desde que Sánchez firmó el contrato. El juicio ha durado ocho días en la Audiencia pacense.
Implicaciones del fallo
La sentencia, que se conocerá en semanas, decidirá si los acusados son absueltos tras la condena social que ya dan por hecha. La repercusión política del caso, impulsado por asociaciones de la derecha, marca el proceso.
