Intervención detecta sobrecostes millonarios en contratos de Transportes
La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) detectó irregularidades y sobrecostes millonarios en once contratos de obra pública. Los expedientes, adjudicados entre 2018 y 2021 por Adif y la Dirección General de Carreteras, están vinculados a la investigación de la Audiencia Nacional sobre la llamada ‘trama Cerdán-Ábalos’. El informe cuestiona los criterios de adjudicación y modificaciones posteriores.
Patrón sistemático en adjudicaciones
El informe de la IGAE analiza cinco contratos de Adif y seis de Carreteras. Describe un patrón sistemático que benefició a grandes constructoras. Acciona Construcción, S.A. resultó adjudicataria en tres contratos de Adif. Una UTE formada por Ferrovial Agroman, S.A. y Acciona también logró adjudicaciones mediante ofertas técnicas que después se desvirtuaron.
Criterios subjetivos y ‘juicios de valor’
La revisión pone el foco en la influencia de los «juicios de valor» en la adjudicación. En al menos tres contratos de Adif a Acciona, los criterios determinantes fueron estos juicios. Los inspectores concluyen que la valoración subjetiva pudo condicionar el resultado final del concurso público de forma decisiva.
Modificaciones que incumplen la normativa
El informe detecta irregularidades posteriores a la adjudicación. En tres obras hubo modificaciones del proyecto antes del inicio de los trabajos, justificadas por supuestos defectos en el diseño. Estas revisiones provocaron incrementos del presupuesto ligeramente por debajo del 20%. La IGAE concluye que en los tres casos la modificación incumple la normativa sobre modificaciones de contratos.
Problemas en contratos de Carreteras
En los seis contratos de la Dirección General de Carreteras se detectaron problemas similares. Los procesos se apoyaron en criterios evaluables mediante juicios de valor. En un expediente, se aplicaron dos fórmulas para transformar la valoración técnica en la puntuación final, un procedimiento que, según el informe, favoreció que el contrato recayera en una empresa concreta.
Antecedentes de la investigación
El informe de la IGAE analiza expedientes adjudicados entre 2018 y 2021, vinculados al Ministerio de Transportes. El documento ha sido incorporado al procedimiento que instruye el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno dentro de la pieza separada sobre contratos de obra pública, tras la renuncia al aforamiento por parte de José Luis Ábalos.
Repercusión judicial e implicaciones
El instructor de la Audiencia Nacional ha unificado todas las supuestas irregularidades en las adjudicaciones de Transportes durante la etapa del exministro. El informe técnico de la Intervención del Estado aporta hallazgos clave sobre sobrecostes y criterios de adjudicación cuestionables, que ahora forman parte de la causa judicial.
