La financiación autonómica desata una crisis entre la Generalitat y Fomento del Trabajo

La patronal catalana tacha de "insuficiente" el modelo pactado con ERC, congelando su relación con el Govern de Illa. La consejera Romero acusa a Fomento de una "agenda oculta" con Junts para tumbar leyes en el Congreso.
La Verdad
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, con el presidente de Fomento del Trabajo, Josep Sánchez Llibre, y el conselle
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, con el presidente de Fomento del Trabajo, Josep Sánchez Llibre, y el conseller Miquel Samper en 2024. / Alejandro García / EFE / La Verdad

Fomento del Trabajo rechaza el modelo de financiación pactado por la Generalitat con ERC

La principal patronal catalana emitió un comunicado crítico el mismo día de la presentación del acuerdo. La reacción ha congelado la relación con el Govern de Salvador Illa, que esperaba su apoyo para presionar a Junts.

Una ruptura por la financiación

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, declaró que no tiene previsto reunirse de nuevo con Fomento del Trabajo. La crisis estalló cuando la patronal, a través de su presidente Josep Sánchez Llibre, tachó de «claramente insuficiente» el nuevo modelo de financiación autonómica pactado con ERC.

La acusación de una agenda con Junts

La consejera de Economía, Alicia Romero, acusó a Sánchez Llibre de tener una «agenda oculta» con Junts per Catalunya. Señaló que Fomento ha trabajado con el partido independentista para tumbar leyes en el Congreso, como la de reducción horaria.

Antecedentes de una relación deteriorada

Los empresarios catalanes inicialmente vieron en Illa una garantía de estabilidad tras el procés. Sin embargo, las medidas fiscales y de vivienda del Govern, necesarias por su pacto con ERC y los Comunes, se sitúan en las antípodas de lo que defiende la patronal.

Implicaciones para la negociación

El rechazo de Fomento complica la estrategia del Govern y de ERC para sumar a Junts al acuerdo. Los siete votos de Junts son imprescindibles en el Congreso. Como gancho, se plantea incluir el coste de vida superior en Cataluña para definir la población ajustada.

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