González Amador acusa al fiscal general de convertirle en un "delincuente confeso"

Alberto González Amador declara que el fiscal general Álvaro García Ortiz "reventó sus derechos" y lo convirtió en "el delincuente confeso del Reino de España". Testificó en el juicio del Tribunal Supremo por la presunta revelación de un correo reservado.
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González Amador declara que el fiscal general le convirtió en delincuente confeso

Alberto González Amador afirma que el fiscal general Álvaro García Ortiz «reventó sus derechos». El empresario, pareja de Isabel Díaz Ayuso, testificó en el juicio del Tribunal Supremo (TS) por la presunta revelación de un correo reservado.

Acusaciones en el Tribunal Supremo

González Amador declaró que desde la nota de prensa de la Fiscalía de marzo de 2024 se siente «muerto jurídicamente». Afirmó: «Soy el delincuente confeso del Reino de España» y mencionó que solo le quedan dos opciones: irse de España o suicidarse.

Contexto de la nota de prensa

La Fiscalía General del Estado (FGE) publicó un comunicado para desmentir informaciones de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Ayuso. El texto detalló el intercambio de correos entre el abogado Carlos Neira y el fiscal Julián Salto.

Consecuencias procesales

González Amador está procesado en los juzgados de Madrid por dos delitos fiscales valorados en 350.000 euros y otro de falsedad documental. También enfrenta una segunda causa por presunta corrupción en empresas de consultoría sanitaria.

Estrategia de la defensa

La acusación particular busca desacreditar las dos causas penales que afectan al empresario. Argumentan que una condena al fiscal general podría proyectar nulidades en estos procedimientos.

Testimonio de Miguel Ángel Rodríguez

El jefe de Gabinete de Ayuso declaró durante más de una hora. Defendió que González Amador es víctima del «aparato del Estado» con motivaciones políticas. Sostuvo que alguien paró el acuerdo fiscal «desde arriba».

Detalles técnicos

Esmeralda Rasillo, jefa de la unidad de apoyo de la FGE, explicó que no existe un protocolo específico para el manejo de teléfonos. Los dispositivos se borran manualmente y pueden guardarse años sin reclamar.

Antecedentes del caso

El punto de inflexión ocurrió el 14 de marzo de 2024 cuando la FGE publicó una nota desmintiendo informaciones sobre un pacto fiscal. Esta comunicación involucró directamente al fiscal general Álvaro García Ortiz.

Implicaciones procesales

El juicio en el TS examina la presunta revelación de correo reservado. García Ortiz enfrenta hasta seis años de prisión. El resultado podría afectar los procesos penales abiertos contra González Amador.

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