Gobierno aprueba ley que transfiere investigación penal a fiscales
El Gobierno aprueba la ley que otorga a los fiscales la investigación penal. La norma se aprueba sin el aval de Sumar y sin garantías en el Congreso, donde el Ejecutivo está en minoría tras la ruptura con Junts.
Contenido de la reforma procesal
La Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal confiere a los fiscales las investigaciones penales ahora en manos de los jueces. Establece un mandato de 5 años para el fiscal general del Estado, desligándolo de la duración de las legislaturas. La norma también restringe la acusación popular.
Calendario de aplicación
La fecha de entrada en vigor de la norma está fijada para el 1 de enero de 2028. Afectará a las causas que se incoen a partir de entonces. El actual fiscal general, Álvaro García Ortiz, ya habrá cumplido los dos mandatos permitidos para esa fecha.
Antecedentes de la norma
El Gobierno lleva trabajando en esta iniciativa desde la legislatura pasada. La reforma busca agilizar, modernizar y europeizar el proceso penal vigente en España desde 1882.
Implicaciones políticas y judiciales
La ley se aprueba en un contexto de minoría parlamentaria del Gobierno y en puertas del juicio al fiscal general del Estado. La norma afecta a la investigación penal y a la acusación popular, figura usada recientemente en causas contra familiares del Presidente.
