El CGPJ denuncia "insuficiencias y fallas" en la ley del secreto periodístico

El Consejo General del Poder Judicial emite un informe crítico sobre el anteproyecto de Ley del secreto periodístico. Denuncia falta de concreción, inseguridad jurídica y una protección inferior a la normativa europea, debilitando este derecho fundamental.
La Verdad
Concentración de periodistas frentes al Supremo Efe
Concentración de periodistas frentes al Supremo Efe

El CGPJ denuncia fallas en el anteproyecto de ley del secreto periodístico

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha emitido un informe crítico sobre el anteproyecto de Ley Orgánica reguladora del derecho al secreto de los profesionales de la información. El órgano de gobierno de los jueces expresa su perplejidad por la falta de concreción del texto, que considera ofrece menos protección que la normativa europea.

Críticas del Poder Judicial

El borrador del CGPJ, obra de las vocales Isabel Revuelta y Lucía Avilés, señala numerosas insuficiencias en el anteproyecto impulsado por el ministro Félix Bolaños. El punto más controvertido es la definición vaga de los supuestos que limitan el derecho al secreto profesional, lo que genera inseguridad jurídica para los informadores.

Problemas de redacción

El texto gubernamental solo permite limitar el secreto para evitar daños graves a las personas o riesgos para la seguridad nacional. El CGPJ considera que esta redacción hace imprevisible para los periodistas saber qué fines justifican la restricción de su derecho.

Antecedentes normativos

El CGPJ insiste en que el Gobierno debe reconsiderar el anteproyecto para subsanar sus fallas con respecto al reglamento europeo. Aunque el Ejecutivo invoca las previsiones del reglamento, la trasposición a la ‘ley Bolaños’ comporta una protección más débil de la que debe ofrecer el ordenamiento jurídico español.

Implicaciones para la libertad de información

El Poder Judicial recuerda que el secreto profesional es una garantía indisolublemente unida al derecho a la libertad de información. Se trata de una garantía instrumental que establece un ámbito de inmunidad frente al poder público que pretenda obtener datos sobre las fuentes periodísticas.

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