El novio de Ayuso pide al Supremo 300.000 euros de fianza al fiscal general
300.000 euros es la fianza que Alberto González Amador solicita para el fiscal general del Estado. Alega daños morales continuados por la filtración de un correo electrónico de su defensa.
Petición de aumento de la caución
La defensa del empresario considera insuficientes los 150.000 euros fijados inicialmente por el juez del Tribunal Supremo (TS). Solicita que se duplique la cantidad para cubrir una indemnización por perjuicios morales.
Los hechos que motivan la demanda
González Amador alega que los daños comenzaron el 14 de marzo de 2024. Ese día, la Fiscalía emitió un comunicado detallando emails entre su abogado y el fiscal que le investigaba. Afirma que desde entonces ha sufrido un relato político lesivo.
Actores y repercusión inmediata
La acusación particular, ejercida por el propio Alberto González Amador, se dirige contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado. El empresario sostiene que la filtración propició que «personajes políticos o periodísticos» se refirieran a él como «delincuente confeso».
Antecedentes del caso
La petición se enmarca en la causa contra García Ortiz, acusado de un delito de revelación de secretos por su presunta participación en la filtración de datos del proceso por doble delito fiscal contra González Amador.
Implicaciones del caso
La resolución del TS sobre la fianza determinará la cobertura económica de una hipotética condena. El caso subraya la intersección entre procesos judiciales y la esfera política y mediática.
