La Junta de Extremadura pide permiso a Fiscalía para pruebas de edad a MENAS
La Junta de Extremadura solicita a la Fiscalía autorización para realizar pruebas médicas de edad a menores extranjeros no acompañados (MENAS). La medida busca determinar la mayoría de edad de aquellos con documentación dudosa. El consejero Óscar Fernández Calle anuncia también recurso judicial contra nuevos repartos.
Pruebas de edad para MENAS sin documentación fiable
El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, ha solicitado permiso a la Fiscalía de Menores para realizar pruebas médicas. La medida se aplicará a menores extranjeros no acompañados sobre los que existan «dudas razonables» sobre su edad real. Fernández Calle afirma que se busca seguridad jurídica y que el sistema de acogida extremeño está «al límite». Las pruebas las realizará el Servicio Extremeño de Salud si se concede la autorización. Si se superan los 18 años, dejarán el sistema de acogida autonómico.
Fraude en la documentación
El consejero ha asegurado que no se harán pruebas de forma indiscriminada, sino solo en casos sin garantías de edad o con «fraude en esos documentos». No ha precisado sobre cuántos de los 104 menores actuales en acogida hay dudas. También se evaluará a aquellos que pasaron de centros de adultos al sistema de menores, con ocho casos en 2026 y más de treinta en los dos años anteriores.
Recurso judicial contra el reparto de MENAS
Fernández Calle ha anunciado que la Junta recurrirá a la vía judicial para evitar nuevos traslados de «teóricos menores». Hasta ahora se usaba la vía administrativa, logrando paralizar más de 30 traslados. Ahora se interpondrán recursos contencioso-administrativos. La asignación actual se rige por un real decreto de julio de 2025, recurrido ante el Tribunal Supremo, por el que Extremadura ha recibido 43 MENAS.
Antecedentes: pacto de gobierno PP-Vox
Las medidas se basan en el pacto de gobierno entre PP y Vox en Extremadura. Este acuerdo establece la oposición por todos los medios legales al reparto de inmigrantes ilegales y la realización de pruebas de edad para evitar fraudes y el colapso de los servicios. El consejero ha cifrado el coste mensual de una plaza de acogida en 7.100 euros.
Implicaciones para el sistema de acogida extremeño
La solicitud a la Fiscalía y el recurso judicial buscan controlar la entrada de MENAS y el gasto público. La Junta actúa conforme a la ley, pero prioriza los intereses regionales y la capacidad del sistema, que califica de colapsado. La decisión judicial sobre el real decreto de reparto será clave para futuras asignaciones.
