La Abogacía del Estado frena la consulta al TJUE sobre inmigrantes
La Abogacía del Estado se opone a que el Tribunal Supremo pregunte al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada por el Gobierno de España. El escrito presentado este viernes argumenta que la medida es competencia soberana nacional.
El Supremo quería llevar el decreto a Europa
El pasado martes, el Tribunal Supremo abrió la puerta a llevar la regularización extraordinaria de inmigrantes al TJUE para aclarar si el decreto del Gobierno choca contra el Pacto de Migración y Asilo de la UE. La Sala de lo Contencioso preguntó a todas las partes, incluida la Abogacía del Estado, si la norma entraba en colisión con el derecho comunitario. El Alto Tribunal tomó la decisión durante la tramitación de los recursos presentados por la Comunidad de Valencia y Aragón contra la regularización.
La Abogacía defiende la soberanía nacional
Los servicios jurídicos del Estado respondieron que el decreto se encuentra dentro del «ejercicio soberano de las competencias nacionales». En el documento registrado en el Supremo, la Abogacía afirmó que las cuestiones planteadas «parecen someter a la decisión o interpretación del TJUE» no solo la legalidad de la actuación, sino el análisis de la oportunidad del ejercicio soberano de España. Además, señalaron que «no es el momento oportuno para su planteamiento» y que las dudas del Supremo «no tienen motivación».
Omisiones en el escrito del Supremo
La Abogacía manifestó que el escrito del Supremo con las cuestiones prejudiciales presenta «omisiones relevantes» que impiden la contradicción efectiva, lo que podría dar lugar a la inadmisón de la cuestión prejudicial. También indicó que la decisión del Supremo «se acerca más a la formulación de un dictamen consultivo sobre cuestiones generales o hipotéticas».
Antecedentes del conflicto judicial
La regularización extraordinaria de inmigrantes fue aprobada por el Gobierno de España en abril. La Comunidad de Valencia y Aragón recurrieron el decreto ante el Tribunal Supremo, que durante la tramitación de esos recursos planteó la posibilidad de consultar al TJUE si la norma choca con el Pacto de Migración y Asilo de la UE.
El Supremo tiene la última palabra
A pesar de la oposición de la Abogacía del Estado, la decisión final de llevar la regularización extraordinaria al TJUE en Luxemburgo recae en los magistrados del Supremo. La resolución determinará si la consulta a Europa sigue adelante o se archiva.
