Peramato comparece en el Congreso como nueva fiscal general del Estado

La nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, se compromete a «sanar» la «profunda herida» en la institución por la condena a su antecesor. Su nombramiento se produce tras la renuncia de Álvaro García Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo. Los grupos parlamentarios examinan su idoneidad en la Comisión de Justicia.

El objetivo: recuperar la credibilidad de la Fiscalía

Peramato afirma que la condena a Álvaro García Ortiz ha supuesto «una profunda herida que atraviesa la Fiscalía española». La nueva fiscal general señala que esa herida «ha de sanar bajo mi dirección». Su comparecencia es un trámite obligatorio establecido en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).

Reacciones políticas en la Comisión de Justicia

Varios grupos han dado su visto bueno a la idoneidad de Peramato. PNV, EH Bildu, Junts y ERC han mostrado apoyo, aunque las formaciones catalanas han criticado el «uso político» de la Fiscalía General del Estado (FGE) durante el procés. El representante de Sumar, Enrique Santiago, ha expresado respaldo por su trayectoria.

Críticas desde la oposición

El diputado de Vox, Javier Ortega Smith, la ha definido como una «activista de la ideología de género». El Grupo Popular, a través de su portavoz María Jesús Moro, ha exigido independencia y «recuperar la credibilidad» de una institución que entienden «dañada».

Antecedentes: una herida en la institución

El Congreso examina a Teresa Peramato para el cargo de fiscal general del Estado en relevo de Álvaro García Ortiz. García Ortiz renunció tras ser condenado a dos años de inhabilitación por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Cierre: el camino por delante

Peramato ha agradecido los halagos y la «franqueza de las críticas». Sobre las rebajas de penas de la ley del ‘solo sí es sí’, ha reconocido la dificultad por la falta de datos exactos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La fiscal general insiste en que la FGE estableció una interpretación del derecho transitorio para evitar excarcelaciones.