Tribunal de Cuentas investiga responsabilidad contable por puestos en Badajoz
340.572 euros y 427.561 euros son las cantidades reclamadas por Iustitia Europa al Tribunal de Cuentas, que ha admitido a trámite la denuncia sobre los puestos de David Sánchez y Luis María Carrero en la Diputación de Badajoz. El órgano fiscalizador deriva el caso a su Sección de Enjuiciamiento tras la condena penal del 14 de julio de 2026.
Denuncia admitida y derivada a la Sección de Enjuiciamiento
El Tribunal de Cuentas ha remitido la documentación a su Sección de Enjuiciamiento para evaluar la presunta responsabilidad contable por la creación de los puestos de David Sánchez (hermano del presidente del Gobierno) y Luis María Carrero (exasesor de Moncloa) en la Diputación de Badajoz. La Secretaría General del órgano confirmó el traslado, tras la denuncia del partido Iustitia Europa, al que también se han sumado Vox y Hazte Oír.
Cifras reclamadas: salarios, cotizaciones y costes adicionales
Iustitia Europa cifra en 340.572 euros lo percibido por David Sánchez entre 2017 y mayo de 2025, y en 427.561 euros lo obtenido por Luis María Carrero. La reclamación incluye cotizaciones sociales, dietas, desplazamientos y costes de los empleados públicos que asumieron las funciones reales de ambos investigados.
Antecedentes: condena penal por prevaricación sin devolución de fondos
La Audiencia Provincial de Badajoz condenó el 14 de julio de 2026 a David Sánchez a nueve años de inhabilitación por prevaricación. Los magistrados calificaron el proceso de adjudicación como «escaparate» y las plazas como «innecesarias y vacías de contenido», pero rechazaron obligar a devolver el dinero por vía penal al no reconocer a las acusaciones populares como perjudicadas directas.
Implicaciones de la investigación contable
La acción del Tribunal de Cuentas busca determinar si existió un perjuicio económico para los caudales públicos y, en su caso, exigir el reintegro de los fondos. El procedimiento se suma a otras vías abiertas por organizaciones como Vox y Hazte Oír, y se apoya en la sentencia penal previa que ya declaró ilegales los puestos.
