La acusación popular pide citar a García Ortiz por las reuniones en la Fiscalía

La acusación popular del ‘caso Leire’ solicita al juez Pedraz que cite a declarar como testigo al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. La petición busca aclarar las reuniones mantenidas en la Fiscalía por la trama de las ‘cloacas del PSOE’, que presuntamente trataba de entorpecer investigaciones que afectaban a Ferraz y al entorno del presidente del Gobierno.

Petición de declaraciones para aclarar las reuniones en la Fiscalía

La acusación popular del ‘caso Leire’, liderada por el PP, solicita al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que cite a declarar como testigo al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz y a su mano derecha, Diego Villafañe. El objetivo es que aclaren el contenido y los motivos de al menos dos reuniones dentro de la institución de la trama formada por la exmilitante socialista Leire Díez y el abogado Jacobo Teijelo. Se conoció que la red habría acudido a la Fiscalía General del Estado a mantener reuniones con personas de alto rango. La Fiscalía publicó un comunicado admitiendo los encuentros de Villafañe y la fiscal Beatriz López Pesquera con Teijelo, quien presuntamente informaba de hechos que podrían haber servido para retirar de procesos judiciales a aquellos que la trama consideraban perjudiciales para los socialistas.

Reconocimiento del abogado y solicitud de más comparecencias

El abogado Jacobo Teijelo reconoció ante el juez Pedraz que sí participó en estas dos reuniones con Villafañe, pero se acogió al secreto profesional para no desvelar los motivos ni quién las organizó. La acusación popular busca, por otra vía, clarificar los contenidos y las razones de los encuentros. En el escrito justifican su petición para «verificar la exactitud, alcance y contexto de los hechos descritos» y como forma de «colmar las lagunas existentes en la información suministrada».

El papel de García Ortiz en la falta de registro oficial

La acusación popular expone que el objetivo de llamar a García Ortiz es que explique cuál fue el criterio para que las reuniones no quedaran reflejadas en ningún registro oficial de la institución. A juicio de la parte acusatoria, su declaración sería «imprescindible» para comprobar si el conocimiento de aquellos encuentros alcanzó a la cúpula de la Fiscalía General del Estado y verificar la coherencia entre la versión institucional trasladada al juzgado y el conocimiento efectivo dentro del organismo.

Otras citaciones solicitadas para completar la investigación

La comparecencia de Villafañe se justifica porque la información facilitada por la Fiscalía es «genérica» y no concreta qué información se trasladó, si se aportó documentación ni las razones por las que no se promovió ninguna actuación posterior. También piden llamar a la fiscal Beatriz López Pesquera para corroborar o matizar la versión ofrecida. De igual manera, solicitan la citación de la fiscal Ana Isabel García León, que intervino en la tramitación de escritos de Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos. La última comparecencia solicitada es la del jefe de seguridad de la Fiscalía para determinar los sistemas de control de acceso y recuperar registros para reconstruir las visitas de la red de Leire Díez y Jacobo Teijelo.

Antecedentes de las reuniones en la Fiscalía General

Con el levantamiento del secreto de sumario del ‘caso Leire’, conocido como las ‘cloacas del PSOE’, se supo que la red acudió a la Fiscalía General del Estado a mantener reuniones. Días después, la Fiscalía publicó un comunicado admitiendo los encuentros entre Villafañe, López Pesquera y Teijelo, en los que presuntamente este último informaba sobre hechos que, de ser ciertos, podrían haber retirado de procesos judiciales a quienes la trama consideraba perjudiciales para los socialistas.

Implicaciones de la petición de la acusación popular

La solicitud de la acusación popular busca esclarecer el contenido y la motivación de las reuniones en la Fiscalía, así como determinar el conocimiento que tenía la cúpula de la institución y la falta de registro oficial de los encuentros, con el fin de colmar las lagunas existentes en la información suministrada sobre la presunta trama para entorpecer investigaciones que afectaban a Ferraz y al entorno del presidente del Gobierno.