El Supremo rebaja a 39.000 euros las costas procesales a García Ortiz

El Tribunal Supremo ha reducido a 39.000 euros las costas procesales que debe pagar el ex fiscal general Álvaro García Ortiz. La tasación inicial era de casi 80.000 euros por su condena por revelar datos reservados del parejo de Ayuso.
La Verdad
El ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a su salida del Senado en Madrid. EP / LA VERDAD
El ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a su salida del Senado en Madrid. EP / LA VERDAD

El Tribunal Supremo rebaja a 39.000 euros las costas de García Ortiz

El Tribunal Supremo ha reducido a 39.000 euros las costas procesales que debe pagar el ex fiscal general Álvaro García Ortiz. La Letrada de la Administración de Justicia estimó parcialmente su impugnación contra una tasación inicial de 80.000 euros. Las costas derivan de su condena por revelar datos reservados de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

Reducción de la deuda judicial

La Letrada de la Administración de Justicia del Supremo aceptó excluir de la tasación los costes de varios recursos, como 18 recursos de apelación. El decreto establece que estos sólo se imponen si media mala fe. La primera tasación era de 79.942 euros, que incluía 64.778 euros por la minuta del abogado de González Amador, más IVA y honorarios de procuradora.

Tramitación de la impugnación por exceso

El decreto acuerda continuar la tramitación de la impugnación presentada por García Ortiz y la Fiscalía, que consideran excesivas las costas. Las actuaciones se remiten al Consejo General de la Abogacía Española para que emita un informe preceptivo. El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid ejerció la acusación popular en la causa.

Antecedentes de la condena

Álvaro García Ortiz fue condenado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de datos reservados. La Sala lo castigó con dos años de inhabilitación para ejercer como fiscal general. La multa e indemnización impuestas sumaron 17.200 euros, cantidad abonada por la Unión Progresista de Fiscales (UPF) mediante una colecta.

Cierre del caso económico

La resolución reduce la carga económica final para el ex fiscal general. El proceso continúa para determinar si la tasación definitiva de 39.000 euros es proporcionada. La decisión final corresponde al Consejo General de la Abogacía Española en su informe sobre el exceso de las costas.

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