Gobierno vasco concede salidas diarias a exjefa de ETA ‘Anboto’
Soledad Iparraguirre, ‘Anboto’, podrá salir de prisión entre semana a partir del lunes 23 de marzo de 2026. El Gobierno vasco ha autorizado la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario. La medida le permitirá abandonar el centro penitenciario de Martutene de lunes a viernes.
Aplicación de una medida excepcional
El artículo 100.2 es una flexibilización excepcional del régimen cerrado de segundo grado. Se aplica a reclusos que no cumplen todos los requisitos para la semilibertad pero tienen una oferta laboral. La Junta de Tratamiento de la prisión y el Gobierno vasco deben dar su visto bueno.
El procedimiento y sus diferencias con el tercer grado
El acceso al tercer grado tiene controles más severos. En ese caso, la Fiscalía puede recurrir la decisión y el interno vuelve a prisión de inmediato. El artículo 100.2 no está sujeto al mismo proceso de recurso.
Un antecedente reciente: el caso ‘Txeroki’
Garikoitz Aspiazu, ‘Txeroki’, obtuvo el mismo beneficio a principios de febrero de 2026. Su salida generó un gran revuelo político y mediático. La consejera María Jesús San José reconoció el dolor que estas decisiones generan en las víctimas.
Repercusión y postura de las víctimas
El colectivo de víctimas Covite califica esta aplicación como una «amnistía encubierta». Consideran que supone un agravio y una excarcelación por la puerta de atrás. En la actualidad, alrededor de una veintena de presos de ETA se benefician de este artículo.
Antecedentes penales de la reclusa
Soledad Iparraguirre, exjefa militar de ETA durante una década, acumula condenas que superan los 280 años de cárcel. Entre ellas, 122 años por el asesinato del comandante Luciano Cortizo y 15 años por un atentado frustrado contra Juan Carlos I.
Implicaciones de la medida
La decisión sitúa a Iparraguirre en régimen de salidas diarias para trabajo o voluntariado. La aplicación del artículo 100.2 continúa siendo una vía utilizada para mejorar la situación de los presos de la banda. El Gobierno vasco ejecuta esta medida en cumplimiento de la normativa penitenciaria vigente.
