Socios de Gobierno presionan al PSOE para reformar la ley de secretos oficiales

Los socios de coalición presionan para que la desclasificación de documentos del 23-F anunciada por Sánchez no sea un hecho aislado y se reforme la Ley de Secretos Oficiales de 1968, una norma franquista.
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Socios de Gobierno exigen reformar ley de secretos tras anuncio de desclasificación del 23-F

Los socios del Gobierno presionan para que la desclasificación de documentos del 23-F anunciada por Pedro Sánchez no sea un hecho aislado. Formaciones como Sumar, Más Madrid, Podemos y Compromís piden reformar la Ley de Secretos Oficiales de 1968. La iniciativa de reforma registrada por el PNV está varada en el Congreso desde 2024.

Presión política para una reforma democrática

Los socios de coalición consideran el anuncio de desclasificación del 23-F un primer paso. La portavoz de Sumar, Verónica M. Barbero, defendió tramitar la propuesta del PNV para adaptar la norma a la democracia. Tesh Sidi, portavoz adjunta de Sumar, criticó que se sepa más de los papeles de Epstein que de documentos nacionales y exigió valentía al PSOE.

Críticas al procedimiento y plazos

La portavoz de Compromís, Águeda Micó, criticó que la desclasificación se realice a cuentagotas y con tachaduras. Afirmó que este proceso no puede depender del interés político de ningún Gobierno. Ione Belarra, de Podemos, señaló que sería una mala noticia si la información no aclara el papel del rey emérito.

Antecedentes: Una ley franquista y una reforma estancada

La Ley de Secretos Oficiales data de 1968. El PNV registró una proposición de ley para reformarla, que fue tomada en consideración en 2024, pero el proceso está atascado en la fase de enmiendas. El Gobierno de Sánchez aprobó en julio de 2025 su propio Anteproyecto de Ley de Información Clasificada, desplazando la iniciativa del PNV.

Cierre: Discrepancias en los plazos de desclasificación

Existen diferencias de criterio entre el PNV y el PSOE. El PNV propone la desclasificación automática a los 25 años, con prórrogas de diez para casos determinados. El anteproyecto del PSOE eleva el plazo a 50 años para información de «alto secreto», aunque en negociaciones se ha abierto a rebajarlo a 45 años.

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