Fiscalía Anticorrupción rechaza archivar el caso Montoro por indicios de corrupción
La Fiscalía Anticorrupción se opone al archivo del ‘caso Montoro’. En un escrito al juez instructor, sostiene que hay indicios de «grave corrupción» en una supuesta trama para aprobar leyes fiscales favorables a empresas gasistas a cambio de pagos. El procedimiento investiga a 28 personas y 6 entidades.
Fiscalía descarta motivación política en la investigación
La fiscal Carmen García remarca en su escrito que los hechos investigados «no son de marcado cariz político, sino actuaciones graves de corrupción». Se opone así a los recursos de las defensas, que pedían la nulidad o el traslado de la causa a Madrid. La Fiscalía argumenta que los indicios apuntan a una organización y a pagos de gasistas a Equipo Económico (EE) previos a actuaciones administrativas favorables.
Siete delitos imputados a los investigados
El exministro Cristóbal Montoro y sus excolaboradores están investigados por siete delitos: cohecho, fraude, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción y falsedad documental. La trama habría operado durante los gobiernos de Mariano Rajoy.
Los dos supuestos amaños legislativos clave
El juez investiga dos grandes modificaciones normativas. La primera, en 2013-2014, benefició a las gasistas con una rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad tras ser contratados EE y EY (Ernest & Young). La segunda, en 2017-2018, modificó el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) a través de una enmienda a los Presupuestos Generales, también tras la intervención de EE.
Antecedentes de la investigación judicial
El instructor Rubén Rus, del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, cuenta con el apoyo de Anticorrupción para seguir investigando. La causa examina una supuesta red de influencias en el Ministerio de Hacienda para aprobar leyes a medida a favor de empresas gasistas que pagaban por estudios al bufete Equipo Económico.
Cierre e implicaciones procesales
La Fiscalía respalda la continuación de la investigación, basándose en informes de los Mossos d’Esquadra y la Agencia Tributaria. El escrito se presenta antes de que la Audiencia Provincial de Tarragona decida sobre el futuro de la causa, rechazando las peticiones de archivo o cambio de sede.
