El Tribunal Supremo ejecuta la condena al exfiscal general Álvaro García Ortiz
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha lanzado una caja de solidaridad para pagar los 10.000 euros de responsabilidad civil de la condena. El Tribunal Supremo acordó la ejecución de la sentencia la semana pasada. García Ortiz fue condenado por la revelación de datos reservados de Alberto González Amador.
La campaña de apoyo de la UPF
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha iniciado una recaudación voluntaria entre sus asociados. El objetivo es abonar las responsabilidades económicas derivadas de la condena. La asociación defiende la inocencia de García Ortiz y considera la condena injusta. La UPF también promovió una campaña de firmas para el indulto, que supera las 15.000 adhesiones.
Detalles de la sentencia ejecutada
La condena del Tribunal Supremo incluye dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y una responsabilidad civil de 10.000 euros. La multa ya fue pagada con la fianza inicial. El tribunal ordenó enviar copia de la resolución a la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado.
Antecedentes y renuncia al cargo
Álvaro García Ortiz renunció como fiscal general el 24 de noviembre, tras conocerse el fallo. Su cese formal fue el 9 de diciembre. Teresa Peramato es la nueva fiscal general del Estado.
Consecuencias profesionales futuras
La Inspección Fiscal determinará el impacto de la pena de inhabilitación en su estatuto profesional. Esto podría derivar en la expulsión de García Ortiz de la carrera fiscal. El propio tribunal consideró esa posibilidad excesiva.
