El TC garantiza acceso a pruebas esenciales en causas secretas

El Tribunal Constitucional dictamina por unanimidad que un investigado en prisión debe conocer el contenido de las pruebas que le incriminan, incluso en causas declaradas secretas. La sentencia surge del recurso de un guardia civil investigado en el caso del narcotúnel de Ceuta.

Doctrina Constitucional sobre el Derecho a la Defensa

La Sala Primera del TC, con ponencia del magistrado Ricardo Enríquez, aclara su doctrina sobre el derecho de acceso a las «pruebas esenciales». Esta doctrina, con base en el Derecho de la UE, ya existía desde 2017. El tribunal advierte que algunos órganos judiciales, como la Audiencia Nacional, interpretaban erróneamente que solo debían indicar el tipo de prueba de manera genérica, sin su contenido efectivo.

Caso del narcotúnel de Ceuta

El recurso fue presentado por el guardia civil Rubén Galindo, investigado en la causa secreta del narcotúnel entre Ceuta y Marruecos. La instructora, la jueza María Tardón, solo le informó que su participación resultaba «de conversaciones captadas y grabadas» y de diligencias tecnológicas, sin concretar. Su petición de acceso al contenido fue denegada y se decretó su prisión provisional, medida confirmada por la Audiencia Nacional.

Contenido de los indicios y no solo su tipo

La sentencia del TC es clara: informar al investigado «no se estaba limitando a exigir que se informe […] cuál es la ‘clase’ o ‘naturaleza’ de las fuentes de prueba […] sino que a ello va necesariamente implícito el individualizar el contenido». Esto incluye diligencias tradicionales y medios de investigación tecnológica. La garantía debe mantenerse durante toda la privación de libertad.

Vulneración de derechos fundamentales

El TC estima el recurso de amparo al constatar que al recurrente no se le aportó dato alguno sobre «de qué conversaciones se trataban, desde qué terminales se hicieron y con qué personas». Se declaran vulnerados sus derechos fundamentales a la libertad personal y a la defensa jurídica. Corresponde al órgano judicial, de manera motivada, resolver qué actuaciones no esenciales pueden quedar excluidas del acceso.

Antecedentes de la Doctrina

El Tribunal Constitucional tiene establecida una doctrina desde 2017, con base en el Derecho de la Unión Europea, relativa al derecho a la información en los procesos penales y su transposición a la Ley de Enjuiciamiento Criminal española, acerca del derecho del investigado en un proceso penal a conocer cuáles son los hechos y las razones que le incriminan.

Cierre e Implicaciones de la Sentencia

La sentencia del Tribunal Constitucional reafirma y precisa las garantías procesales en investigaciones secretas. Establece que el acceso a los elementos esenciales de las pruebas es un derecho fundamental del investigado para impugnar medidas como la prisión provisional, correspondiendo al juez motivar cualquier limitación.