Leire Díez pasa de investigadora a acusada de desestabilizar causas judiciales
La UCO sitúa a Leire Díez en la dirección ejecutiva de una trama para desestabilizar procedimientos que afectan al PSOE. Una grabación difundida en mayo de 2025 destapó el caso, que arraiga en el PSOE y salpica a la Guardia Civil.
Cronología de la trama
En febrero de 2025 se produjo una reunión por videoconferencia en el despacho de Jacobo Teijelo. Participaron Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset, el capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes y tres colaboradores del CNI. Alejandro Hamlyn López-Tapia, empresario huido en Dubái, también intervino. En mayo, El Confidencial publicó la grabación. Se escucha a Díez ofrecer a Hamlyn un acuerdo con la Abogacía del Estado a cambio de información sobre la UCO. En junio, el juzgado número 9 abrió causa a Díez, Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol por cohecho y tráfico de influencias. En octubre, la Fiscalía de Madrid reactivó la investigación sobre ofertas de Díez a los fiscales Ignacio Stampa y José Grinda para obtener información sensible. En noviembre, Díez y Pérez Dolset declararon como investigados. En diciembre, el juez Santiago Pedraz ordenó la detención de Díez en el ‘caso SEPI’ y abrió otra causa similar a la de Zamarriego. En mayo de 2026, se registró la sede del PSOE y propiedades de investigados como Santos Cerdán y Gaspar Zarrías. Pedraz reclamó la inhibición de la causa de Zamarriego para unificarlas.
Actores y repercusión
La trama implicó a Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE, Antonio Hernando, secretario de Estado de Telecomunicaciones, y Gaspar Zarrías, exdirigente del PSOE en Andalucía. La UCO señaló a Díez como parte de la «dirección ejecutiva» para desestabilizar procedimientos judiciales o policiales que impactaran en los intereses del PSOE o del Gobierno. Las acusaciones populares las presentaron Hazte Oír, Manos Limpias, PP, Vox y colectivos de la Guardia Civil.
Antecedentes del caso
Leire Díez, exmilitante socialista, medró en el partido en Cantabria y pasó a empresas públicas como Enusa y Correos. Se presentó como investigadora de tramas de hidrocarburos y admitió haber asesorado a Santos Cerdán contra campañas de desinformación.
Implicaciones del sumario
La investigación judicial unifica dos causas paralelas investigadas por la UCO. El juez Pedraz asume la competencia plena por el delito contra las altas instituciones del Estado. El sumario afecta a altos cargos del PSOE y la Guardia Civil.
