Irene Montero denuncia amenazas de muerte de grupo neonazi y pide protección
La eurodiputada de Podemos Irene Montero ha denunciado ante la Policía Nacional amenazas de muerte de un grupo neonazi. Los mensajes, considerados creíbles por la Brigada de Información, detallan la ubicación de su domicilio. Montero ha reclamado protección al Ministerio del Interior para ella y su familia.
La Brigada de Información eleva la alerta
La Brigada de Información de la Policía ha elevado el nivel de alerta tras valorar los mensajes como creíbles. Diario Red publica que las amenazas provienen de la organización Grupo 764. El mensaje detalla un plan de ataque contra la integridad física de Montero y su entorno.
Autoría y narrativa de la amenaza
El autor se identifica como miembro de la red 764 y justifica sus intenciones bajo una narrativa de «venganza contra la sociedad». Asegura haber sufrido supuestos maltratos en instituciones psiquiátricas en México antes de trasladarse a España.
El Grupo 764, catalogado como amenaza terrorista
El FBI y la Interpol han catalogado al Grupo 764 como una de las amenazas de terrorismo más peligrosas. Se definen como Extremistas Violentos Nihilistas y su objetivo es la aceleración del caos mediante el terrorismo. Países como Canadá y Nueva Zelanda los han declarado grupo terrorista.
Origen y método de actuación
El grupo se originó en plataformas como Roblox o Minecraft y se coordina en Telegram y Discord. Se especializa en la extorsión de menores y la inducción al suicidio. En EE. UU., su fundador cumple una condena de 80 años por pornografía infantil.
Antecedentes de la red en España
En España, la actividad de esta red se ha detectado en el ámbito del ciberdelito y la radicalización de jóvenes en foros de extrema derecha. Hace un año, un joven de 23 años fue detenido por la Guardia Civil por amenazar con atacar varios colegios en Valencia y aseguró que pertenecía al Grupo 764.
Cierre: Implicaciones de la amenaza
La denuncia de la eurodiputada pone el foco en la actividad de grupos terroristas digitales en España. La petición de protección al Ministerio del Interior subraya el nivel de riesgo determinado por los cuerpos policiales.
