Jueza imputa a exdirectores de la Guardia Civil y del CNI por espionaje digital
Una jueza de Barcelona imputa a los exdirectores de la Guardia Civil Félix Azón y María Gámez, y a la exdirectora del CNI Paz Esteban. La investigación por espionaje con ‘Pegasus’ y ‘Candiru’ a independentistas catalanes entre 2019 y 2021 implica por primera vez a altos cargos del Ministerio del Interior.
Imputaciones sin precedentes en la investigación
La jueza Júlia Tortosa cita como investigados a los máximos responsables de la Guardia Civil durante el mandato del ministro Fernando Grande-Marlaska. La instrucción judicial también alcanza a las empresas desarrolladoras del software espía, NSO Group Technologies Ltd y Saito Tech Ltd.
Obstáculos procesales y blindaje institucional
La imputación de Félix Azón podría no prosperar debido a su aforamiento como magistrado del Tribunal Supremo. Paz Esteban, por su parte, se ha acogido sistemáticamente a la Ley de Secretos Oficiales en sus declaraciones, lo que ha limitado la investigación.
El origen: la denuncia de Sentinel Alliance
Las imputaciones proceden de una querella presentada por Sentinel Alliance, un grupo de cinco empresarios del sector tecnológico. Según su denuncia, fueron espiados con herramientas que permitían acceder a comunicaciones y activar micrófonos de forma remota.
Motivación del espionaje según la querella
Sentinel Alliance argumenta que el espionaje se debió a su actividad profesional en el desarrollo de herramientas de votación digital y gobernanza descentralizada. Alegan que las autoridades consideraron esto una posible amenaza para la seguridad nacional.
Antecedentes del caso de vigilancia digital
Los análisis del centro Citizen Lab documentaron 78 ataques dirigidos contra los querellantes y su entorno. Buena parte de los espiados estaban relacionados con la plataforma Tsunami Democràtic, activa durante las protestas de otoño de 2019.
Cierre e implicaciones del proceso judicial
La jueza admitió a trámite la querella al considerar posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos. El caso amplía el foco de la investigación más allá del CNI, implicando formalmente a la cúpula de la Guardia Civil y a empresas tecnológicas extranjeras.
