García Ortiz solicita la anulación de su condena por revelación de datos

El ex fiscal general Álvaro García Ortiz pide la nulidad de la sentencia que le condena a inhabilitación y multa. Alega vulneración de derechos fundamentales y amedrantamiento de la Fiscalía, como paso previo al Tribunal Constitucional.
La Verdad
Álvaro García Ortiz y los dos abogados del Estado que ejercieron su defensa en el juicio. EFE / LA VERDAD
Álvaro García Ortiz y los dos abogados del Estado que ejercieron su defensa en el juicio. EFE / LA VERDAD

García Ortiz pide al Supremo anular su condena por revelar datos

El ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, solicita la nulidad de la sentencia que le condena a dos años de inhabilitación y multa de 7.200 euros. Presenta un incidente de nulidad como paso previo para acudir al Tribunal Constitucional. La defensa, ejercida por la Abogacía del Estado, alega vulneración de derechos fundamentales.

Escrito alega amedrantamiento de la Fiscalía

El documento denuncia siete motivos para la nulidad. El elemento central es que la sentencia «secuestra y acalla» la capacidad de la Fiscalía para emitir desmentidos institucionales. Asegura que esto vacía de contenido su función constitucional y genera un efecto de «amedrantamiento evidente».

Crítica a la valoración de la prueba y la imparcialidad

La defensa cuestiona que la sentencia «elude» los testimonios clave de periodistas sobre el correo electrónico de Alberto González Amador. Señala que esta forma de razonar no es compatible con la presunción de inocencia. También alude al auto que rechazó investigar al presidente del tribunal juzgador, Andrés Martínez Arrieta, por su presencia en unos cursos del ICAM.

Antecedentes de la condena

Álvaro García Ortiz fue condenado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de datos reservados. La sentencia impone dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros.

Implicaciones del recurso

El escrito de nulidad es un trámite obligatorio antes de interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. La Abogacía del Estado fundamenta su petición en la presunta vulneración de la presunción de inocencia, la legalidad penal y la tutela judicial efectiva.

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