La Fiscalía autoriza el reingreso de García Ortiz tras su condena por revelar secretos

La Fiscalía General autoriza a Álvaro García Ortiz continuar su carrera como fiscal tras su condena por revelación de datos reservados. La Inspección Fiscal determinó que la inhabilitación solo afectaba a su cargo de fiscal general, no a su plaza.
La Verdad
El ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, junto a sus abogados Consuelo Castro y José Ignacio Ocio, en el juicio en el Supremo. EFE
El ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, junto a sus abogados Consuelo Castro y José Ignacio Ocio, en el juicio en el Supremo. EFE

Fiscalía autoriza reingreso de García Ortiz tras condena por delito

La Fiscalía General del Estado ha autorizado a Álvaro García Ortiz continuar como fiscal tras su condena por revelación de datos reservados. La Inspección Fiscal determinó que la inhabilitación de dos años solo afecta a su condición de fiscal general, no a su carrera.

Decisión de la Inspección Fiscal

La Inspección Fiscal, dirigida por María Antonia Sanz Gaite, avaló su reingreso. Este departamento supervisa el personal y el funcionamiento de los servicios fiscales. La propuesta fue respaldada por la fiscal general del Estado, Teresa Peramato.

Interpretación de la condena

La decisión se basa en la interpretación del Tribunal Supremo (TS). La sentencia indicó que la condena solo afectaba a su cargo de fiscal general del Estado. Cualquier otra proyección sería excesiva, según el ponente Andrés Martínez Arrieta.

Antecedentes del caso

El Tribunal Supremo condenó a Álvaro García Ortiz por revelación de datos reservados. La pena fue de dos años de inhabilitación, 7.200 euros de multa y 10.000 euros de indemnización. El artículo 32.1 del reglamento interno abre la puerta a la expulsión por delito doloso con pena superior a seis meses.

Cierre y repercusión

García Ortiz se incorporará a la Sección de lo Social de la Fiscalía del TS. La decisión deja sin efecto su situación de servicios especiales. El TS remitió la sentencia a la Fiscalía General para los efectos oportunos sobre las consecuencias laborales.

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