Fiscalía recurre la orden de entregar todos los mails de Begoña Gómez
La Fiscalía considera «desmesurada» la petición del juez de entregar todos los correos. El recurso se presentó este jueves ante la Audiencia Provincial de Madrid, alineándose con la defensa de la imputada.
Una medida desproporcionada
El Ministerio Público recurrió la decisión del juez Juan Carlos Peinado de reclamar a Moncloa todos los correos enviados y recibidos desde la cuenta oficial de Begoña Gómez («[email protected]») desde 2018. La Fiscalía afirma que la orden «adolece de la más elemental motivación» y considera que es «absolutamente desmesurada en su alcance pretendido».
Vulneración de derechos fundamentales
El recurso de cuatro folios argumenta que la decisión del juez «afecta indudablemente a la intimidad y al secreto de las comunicaciones». La Fiscalía se pregunta: «¿Es proporcional atendiendo a los indicios y criterios expuestos recabar y analizar todos los correos electrónicos? ¿Todos?», añadiendo que «se están vulnerando derechos fundamentales y la propia ley procesal penal».
El contexto de la investigación
La investigación del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, abierta por presunta malversación, busca aclarar si Cristina Álvarez, asistente oficial de Gómez en Moncloa, acabó trabajando para la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense, que dirigió la esposa de Pedro Sánchez.
La declaración de la imputada
Begoña Gómez declaró este miércoles como imputada ante el juez Peinado. Sobre los correos aportados a la causa, en los que se refleja que su asistente habría intervenido en actividades de la cátedra universitaria, Gómez afirmó que solo hizo esas gestiones como un «favor muy excepcional».
Un recurso en defensa de la privacidad
El conflicto judicial surge de la investigación por malversación relacionada con las actividades de la Cátedra TSC que dirigió Begoña Gómez entre 2020 y 2024, y el uso presunto de recursos públicos.
La justicia decidirá sobre el alcance de la investigación
La Audiencia Provincial de Madrid deberá ahora resolver si la medida de incautar todos los correos electrónicos de un periodo de más de siete años es proporcional a los hechos investigados o si, como sostiene la Fiscalía, supone una investigación excesiva que vulnera derechos fundamentales.
