Fiscalía acusa al Supremo de vulnerar la legalidad penal por condena a García Ortiz
La Fiscalía General del Estado ha presentado un incidente de nulidad contra la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a su anterior titular, Álvaro García Ortiz. El Ministerio Público, ahora dirigido por Teresa Peramato, alega que la Sala de lo Penal vulneró el principio de legalidad al crear un tipo delictivo ‘ad hoc’. Este paso es preceptivo antes de un posible recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Los Tres Pilares de la Impugnación
La teniente fiscal del TS, María Ángeles Sánchez Conde, formaliza las alegaciones. La primera objeción sostiene que el correo electrónico del abogado de Alberto González Amador ya estaba divulgado cuando García Ortiz lo solicitó. La segunda impugnación critica que el tribunal prescindió sin explicación del testimonio de periodistas que declararon tener la información con anterioridad y de forma ajena al exfiscal general. La tercera se centra en rebatir que la sentencia incluyera como elemento incriminatorio una nota de prensa que no se consideró en la instrucción.
Una Nueva Unidad de Acción Cuestionada
El escrito de la Fiscalía argumenta que el Supremo desdobló los hechos objeto de imputación. Donde el tribunal vio una unidad de acción entre la filtración del correo y la nota de prensa, el incidente de nulidad alega que esto constituye un hecho novedoso que trastoca radicalmente el objeto del proceso, sin dar oportunidad de defensa al imputado.
Antecedentes de una Condena Histórica
El Tribunal Supremo condenó en noviembre a Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación y multa por revelación de datos reservados. Es la primera condena en democracia de un fiscal general del Estado. La sentencia se basó en su actuación en el caso de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Cierre: El Pulso Institucional Continúa
El incidente de nulidad mantiene el pulso jurídico entre el Ministerio Público y el Tribunal Supremo. El procedimiento es el trámite necesario para que la defensa de García Ortiz pueda eventualmente interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, alargando la resolución final del caso.
