Fiscal general recurre fianza de 75.000 euros del Supremo por filtración
Álvaro García Ortiz recurre la caución impuesta por el instructor Ángel Hurtado. Alega que la Ley de Asistencia Jurídica al Estado le exime de prestar garantías económicas.
Recurso de apelación ante la Sala
La Abogacía del Estado presentó el recurso el miércoles, solicitando la anulación o rebaja de la fianza. El escrito se basa en que el Estado y los órganos constitucionales están liberados de prestar garantías en procedimientos judiciales.
Argumentación legal de la defensa
Los servicios jurídicos del Estado niegan los daños morales continuados alegados por Alberto González Amador. Recuerdan que el Supremo ya zanjó que calificarlo de «delincuente confeso» forma parte de la crítica política permitida.
Antecedentes de la fianza
El instructor Ángel Hurtado impuso inicialmente 150.000 euros, luego rebajada a 75.000 tras detectar un error en el cálculo. García Ortiz pagó la cantidad inicial con avales bancarios usando parte de su patrimonio, rechazando ayuda externa.
Implicaciones del procedimiento
El recurso busca establecer la inaplicabilidad de fianzas a altos cargos conforme a la ley. La decisión de la Sala de Apelación del Tribunal Supremo determinará el alcance de dicha exención legal.
