Exsocios de Montoro piden anular la causa por parálisis judicial tras siete años
Equipo Económico recurre la prórroga de la instrucción. El despacho fundado por el exministro Cristóbal Montoro alega vulneración de derechos tras más de siete años de investigación por el caso de las presuntas ‘leyes a la carta’.
Recurso por vulneración del derecho de defensa
Los letrados de Equipo Económico han presentado recursos ante la Audiencia Provincial de Tarragona. Solicitan la nulidad del auto del 26 de enero de 2026 que prorrogaba la instrucción seis meses. Alegan que el juez firmó la prórroga antes de que finalizara el plazo para alegaciones de las defensas.
La instrucción, en punto muerto
La defensa señala una «inactividad jurisdiccional» tras siete años. Denuncian que la causa ha estado paralizada los últimos seis meses, sin tomar declaración a los investigados. Entre los investigados figuran Manuel de Vicente Tutor, Salvador Ruiz Gallud y Ricardo Martínez Rico.
Informe de la UCO como base para el archivo
Los recursos se apoyan en un informe de la UCO de febrero de 2025. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil analizó 516 productos bancarios. Concluyó que no había anomalías en el cobro y uso de 673.500 euros pagados por empresas gasistas al despacho.
Acusación desvirtuada según la defensa
Los abogados sostienen que el informe «desvirtúa» la base de la imputación. La UCO indicó que los fondos se usaron para gastos operativos, impuestos y personales. No se identificó derivación de dinero a funcionarios públicos.
Antecedentes de una investigación prolongada
El caso se inició en agosto de 2018 por supuesto uso de influencias para modificaciones legislativas favorables a empresas. El juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona lo investiga. La mayor parte del procedimiento ha transcurrido bajo secreto de sumario.
Cierre: La Audiencia Provincial decide el futuro del caso
La Audiencia Provincial de Tarragona debe resolver los recursos. La defensa pide el sobreseimiento de la causa al considerar extinguido el plazo de instrucción. La decisión judicial determinará si se archiva la investigación o continúa.
