La Policía registra Biomar por un presunto fraude fiscal de 280 millones

La Audiencia Nacional autoriza la detención de tres directivos de Biomar Oil y nueve registros por presunta organización criminal y fraude fiscal de 280 millones. La UDEF allanó la sede de la empresa en Madrid.
La Verdad
Agentes de la UDEF de la Policía Nacional durante un registro bajo autorización judicial. EP
Agentes de la UDEF de la Policía Nacional durante un registro bajo autorización judicial. EP

Audiencia Nacional detiene a tres directivos de Biomar por fraude fiscal

Un juzgado de la Audiencia Nacional ha autorizado la detención de tres personas y nueve registros en una causa por presunta organización criminal y fraude fiscal de 280 millones de euros. Los agentes de la UDEF han allanado la sede de la matriz de Biomar Oil en Madrid.

Operación policial contra el fraude en hidrocarburos

La UDEF de la Policía Nacional ejecutó las diligencias ordenadas por el magistrado Antonio Piña, del Juzgado Central de Instrucción número seis. La investigación, bajo secreto, incluye delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental. Los tres detenidos pasarán a disposición judicial este miércoles.

Biomar: empresa en concurso e intervenida

Biomar Oil, del grupo inversor TCM, está en concurso de acreedores desde julio de 2024 e intervenida por un juzgado mercantil de Barcelona. El Gobierno le suspendió la licencia de operador en octubre de 2024 por incumplir obligaciones en biocombustibles. Hacienda la incluyó en la lista de grandes morosos con una deuda de 119 millones.

Antecedentes: ofensiva judicial de la empresa

Lejos de asumir la inhabilitación, Biomar recurrió la resolución del Ministerio para la Transición Ecológica y se querelló contra el subdirector general de Hidrocarburos, José Luis Cabo, por presunta prevaricación. Este caso, archivado, espera un recurso ante la Audiencia Provincial.

Cierre: investigación en paralelo a la gestión

Mientras la empresa emprendía su ofensiva judicial, la policía investigaba la operativa de fraude con el IVA de hidrocarburos y un presunto blanqueo a través de bienes de lujo. El administrador fue Juan Antonio Molina y su representante legal, Virgilio Cano de Lope. La sede central de la empresa está en Barcelona.

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