Abogacía del Estado recurre a TSJ Madrid por registro de objetores
La Abogacía del Estado interpondrá este lunes un recurso contra el Gobierno de Madrid por negarse a crear el registro de objetores al aborto. Pedro Sánchez acusó al Ejecutivo regional de convertir un derecho esencial «en un negocio».
Enfrentamiento legal por registro confidencial
El Gobierno central inicia acciones legales contra la Comunidad de Madrid. La abogacía del Estado recurrirá ante el TSJM la negativa a crear el registro de objetores previsto en la Ley Orgánica 1/2023. Este recurso sigue la misma vía que el utilizado con el boicot a los cribados de cáncer.
Acusaciones cruzadas entre líderes
Pedro Sánchez afirmó en X: «Un derecho esencial, convertido en negocio. No lo vamos a permitir». Isabel Díaz Ayuso replicó: «Solo un dictador les puede obligar a hacer lo que no quieren hacer». La presidenta madrileña hizo estas declaraciones antes de participar en un foro en Melilla.
Postura de la Comunidad de Madrid
La Consejería de Sanidad madrileña anunció que no entregará el registro al Ministerio de Mónica García. Prefieren esperar a que los tribunales se pronuncien, y no a un «Gobierno sectario». Díaz Ayuso defendió la objeción de conciencia y argumentó que los profesionales no deben ser estigmatizados.
Antecedentes del conflicto
El Gobierno de Ayuso incumple la Ley Orgánica 1/2023 y el acuerdo unánime del Consejo Interterritorial del SNS de diciembre de 2024. Madrid ignoró el requerimiento del Ministerio de Sanidad enviado hace un mes, mientras otras comunidades como Baleares, Aragón y Asturias comunicaron su intención de cumplir la ley.
Implicaciones del recurso contencioso-administrativo
El recurso ante el TSJM formaliza el conflicto legal entre ambas administraciones. Este paso judicial determina el cumplimiento de la normativa estatal sobre salud sexual y reproductiva en la Comunidad de Madrid.
