Generalitat recurre resolución judicial que obliga a ejecutar sentencia del 25% de castellano
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acordó este lunes la ejecución provisional de una sentencia que obliga a reconocer el castellano como lengua vehicular en la educación. La Generalitat, presidida por Salvador Illa, anunció que recurrirá esta resolución. El conflicto judicial comenzó en 2010 con una sentencia que fijaba un mínimo del 25% de horas lectivas en castellano.
Gobierno autonómico anuncia recurso y defiende el modelo
El presidente Salvador Illa y el consejero de Educación en funciones, Albert Dalmau, aseguraron que la resolución no afectará al trabajo de los colegios. Dalmau confirmó que el ejecutivo presentará un recurso para defender el modelo lingüístico actual. El gobierno defiende el modelo de escuela en catalán y utilizará todos los recursos jurídicos necesarios.
Repercusión política y posicionamientos
El Partido Popular (PP) catalán reclamó al gobierno que cumpla la sentencia en vez de intentar burlarla. Por otro lado, Junts y Esquerra Republicana (ERC) presionaron a la Generalitat para que no la acate. La líder de Junts en el Parlament, Mònica Sales, anunció que pedirá la comparecencia de Illa y sus consejeros, a los que atribuye falta de compromiso en la defensa del catalán.
Antecedentes de una batalla judicial prolongada
La batalla judicial arrancó en 2010, cuando el TSJC fijó un mínimo del 25% de castellano. Este criterio fue avalado por el Tribunal Supremo en 2015. La Generalitat aprobó posteriormente una nueva Ley de Educación que sortea ese criterio, pero el TSJC ha fallado en contra y ahora exige anular provisionalmente hasta 14 artículos del decreto de usos lingüísticos.
Cierre: El conflicto se traslada al Tribunal Supremo
La Generalitat ya recurrió la sentencia y está pendiente de recurso ante el Tribunal Supremo. La resolución del TSJC implica que, mientras el Supremo resuelve, los 14 preceptos anulados del Decreto quedan sin aplicación. La Asamblea por la Escuela Bilingüe afirma que el auto confirma que el modelo basado en la exclusión del castellano carece de cobertura legal.
