García Ortiz pedirá la nulidad de su condena ante el Supremo antes de recurrir al Constitucional

El exfiscal general Álvaro García Ortiz pedirá al Tribunal Supremo la nulidad de la sentencia firme que le condena a inhabilitación y multa. Su defensa utilizará el voto particular de dos magistradas, alegando vulneración de la presunción de inocencia, como paso previo a un recurso de amparo ante el Constitucional.
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Exfiscal general García Ortiz pedirá nulidad de su condena firme del TS

Álvaro García Ortiz tiene previsto pedir «cuanto antes» al Tribunal Supremo la nulidad de la sentencia firme que le condena a dos años de inhabilitación y 7.200 euros de multa. La defensa del ex fiscal general del Estado confirmó este movimiento, que es un trámite previo y obligado para interponer después un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Estrategia jurídica de la defensa

La presentación del incidente de nulidad es un procedimiento excepcional para impugnar resoluciones judiciales firmes. Obligará a los siete magistrados del TS a pronunciarse de nuevo sobre la motivación de su resolución. La defensa tiene un plazo de 30 días desde la publicación de la sentencia para presentarlo.

Base del futuro recurso: el voto particular

Los abogados de García Ortiz se apoyarán en el voto particular de las magistradas Susana Polo y Ana Ferrer. En su discrepancia, ambas indican que los indicios probados «no son suficientes para un juicio de culpabilidad» y apuntan a una vulneración del derecho a la presunción de inocencia.

Antecedentes en el Tribunal Constitucional

No es habitual que el TC revoque una sentencia del Supremo, pero existen precedentes recientes. En el caso de los ERE andaluces, el Constitucional anuló parcialmente condenas ratificadas por la Sala Segunda del TS. Aquellos recursos de los expresidentes Griñán y Chaves también se sustentaron en votos particulares de las magistradas Polo y Ferrer.

Próximos pasos y cierre del proceso

El núcleo del futuro recurso de amparo ante el TC será la presunta vulneración de la presunción de inocencia. Si el Constitucional no le da la razón, García Ortiz podría acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo. La sentencia actual es firme y no se puede impugnar por las vías ordinarias.

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