Consuelo Ordóñez solicita encuentro con el etarra Carasatorre
Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE, ha remitido una carta al Gobierno Vasco para solicitar un encuentro restaurativo con Juan Ramón Carasatorre, condenado como autor material del asesinato de su hermano Gregorio Ordóñez en 1995. El correo fue dirigido a la directora del centro penitenciario de Zaballa, que elevó el asunto al Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco.
Una solicitud formal y urgente
En la carta, Ordóñez se pregunta por qué a otras víctimas se les ofrece esta posibilidad y a ella no, pese a haber manifestado su disposición en numerosas ocasiones. La presidenta de COVITE recalca que siempre se ha ofrecido y ha mantenido reuniones con las cúpulas del Departamento de Justicia, primero del PNV y actualmente del PSE.
El objetivo del encuentro
Ordóñez defiende que la justicia restaurativa tiene un efecto positivo en ambas partes. Su objetivo es evaluar la sinceridad del arrepentimiento y la asunción de responsabilidad del victimario. Señala que este elemento contribuiría a su propia restauración como víctima y solicita el encuentro con carácter urgente.
Un antecedente: el encuentro con Lasarte
No es la primera vez que Ordóñez se encuentra con un condenado por el asesinato. En junio de 2012 se reunió con Valentín Lasarte, encuentro que fue aprobado por Instituciones Penitenciarias antes de la transferencia de competencias a Euskadi. En aquella ocasión, Lasarte pidió perdón, pero Ordóñez le reclamó que probara su arrepentimiento poniendo fin a la «amnesia» en los juicios.
Discreción en los procesos
La Administración vasca, que ahora organiza estos encuentros, mantiene una discreción férrea sobre ellos. Nunca los hace públicos y evita dar detalles. Suele haber un compromiso tácito para no revelar la identidad de los participantes ni los detalles del encuentro.
Implicaciones y cierre
La solicitud de Consuelo Ordóñez pone sobre la mesa el proceso de justicia restaurativa con presos de ETA. Estos encuentros implican un giro y un reconocimiento por parte de los reclusos. La repercusión de este caso particular queda sujeta a la respuesta del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco.
