La Generalitat exige penas más duras por tenencia de armas
El gobierno catalán reclama endurecer las penas por tenencia de armas y tráfico de marihuana en respuesta a la escalada de tiroteos en Barcelona. La petición la formalizaron este viernes la consejera de Interior, Núria Parlón, y el director de los Mossos, José Luis Trapero, tras el tiroteo del miércoles en el centro de la ciudad.
Penas leves y auge de la criminalidad
La Generalitat y los Mossos asocian las penas leves del Código Penal español con el auge de la criminalidad ligada al tráfico de marihuana. La policía autonómica asegura que Cataluña se ha convertido en el «jardín de la marihuana» de Europa, atrayendo a bandas de crimen organizado. El último tiroteo, una presunta ejecución entre clanes montenegrinos, ocurrió frente a una comisaría y a 800 metros de la visita del Papa León XIV. Los Mossos asocian cuatro asesinatos en Cataluña a esta guerra.
La postura de Salvador Illa
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, afirmó que «las armas deben tenerlas los agentes de seguridad, no los ciudadanos». Illa recordó que ya impulsaron una reforma del Código Penal para castigar la reincidencia, y apuntó a endurecer los delitos de tráfico de drogas y tenencia de armas. La consejera Parlón trató el asunto con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aunque el texto legal aún se prepara.
Comparativa con Europa en delitos y penas
El director de los Mossos, José Luis Trapero, aboga por acercar las penas a países como Italia o Alemania. En España, la marihuana se considera «droga blanda», con penas de 1 a 3 años, frente a una media europea de 1 a 20 años. En Alemania, las penas oscilan entre 5 y 10 años. Lo mismo sucede con las armas: llevar un arma «sale bastante gratis», con penas de 1 a 2 años por armas cortas, y las condenas actuales no disuaden a las organizaciones criminales.
Objetivo del endurecimiento
La Generalitat quiere elevar las penas a cuatro, cinco o seis años para garantizar la entrada en prisión de quienes portan armas. Trapero señaló que «no somos EEUU, no tenemos esta cultura de las armas». El objetivo es doble: que los delincuentes no porten pistolas y que los jueces tengan margen para acordar prisiones provisionales. Las armas cortas representan el 70% de las intervenidas hasta mayo.
Repercusión en la seguridad pública
La crisis de tiroteos y la demanda de reforma penal implican un cambio en la estrategia de seguridad en Cataluña. La Generalitat busca aumentar el castigo para frenar la proliferación de armas, especialmente las cortas. La propuesta deberá convencer al PSOE y a Sumar en el Congreso, con el fin de reducir la alarma social y la actividad de las bandas criminales en Barcelona y su área metropolitana.
