Puigdemont exige al Supremo y Constitucional aplicar la amnistía
La sentencia del TJUE hace innecesario el recurso ante el Tribunal Supremo. El abogado Gonzalo Boye reclama a ambos tribunales que actúen de oficio antes de sus vacaciones.
Boye reclama la aplicación inmediata
El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha afirmado que la sentencia del TJUE sobre la Ley de amnistía incluye todas las conductas, también malversación y terrorismo. Boye ha señalado que «cualquiera con un mínimo conocimiento jurídico sabe que este debate se acabó». Ha reclamado al instructor del Supremo, Pablo Llarena, y al Constitucional que «no se vayan de vacaciones» sin resolver el caso. Boye ha añadido que «la pelota no está en nuestro tejado».
Reforma de la amnistía
El secretario general de JUNTS, Jordi Turull, ha defendido que el fallo del TJUE avala la reforma forzada por Junts tras tumbar el primer texto de ERC y el PSOE. Boye ha afirmado que «gracias a la posición de Junts hoy mucha gente se podrá beneficiar». Boye ha declarado que «se nos insultó y dijo de todo» y que «el TJUE nos ha hecho la mejor de las reivindicaciones».
Relación con el Gobierno
Turull ha negado que la decisión del TJUE mejore la relación de JUNTS con el Gobierno. Turull ha afirmado que «la medalla es de toda Cataluña y del independentismo». Exige al Gobierno que presione a los tribunales para aplicar la amnistía a todos los responsables del 1-O. Turull ha calificado la decisión como una «enmienda a la totalidad de Llarena, Marchena y esos justicieros con toga».
Antecedentes del caso judicial
La Ley de amnistía fue aprobada por el Congreso en 2024. El Tribunal Supremo mantiene una orden de detención contra Carles Puigdemont. La Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas plantearon cuestiones prejudiciales ante el TJUE sobre los delitos de malversación y terrorismo.
Implicaciones del fallo europeo
La sentencia del TJUE obliga al Tribunal Supremo y al Constitucional a aplicar la amnistía a Puigdemont y a los demás procesados. Junts exige al PSOE que presione a los tribunales para ejecutar la ley. Turull ha dejado claro que no renuncia al «derecho a la autodeterminación y la unilateralidad».
