El TJUE avala la ley de amnistía y allana el regreso de Puigdemont

El TJUE ha confirmado la compatibilidad de la Ley de Amnistía con el Derecho de la UE. La sentencia, dictada este jueves, abre la vía para que los tribunales españoles decidan si aplican la norma al expresidente catalán Carles Puigdemont.

La Justicia europea despeja las dudas sobre la norma

La gran sala del TJUE, con quince jueces, concluye que la ley «no menoscaba el efecto útil de la directiva relativa a la lucha contra el terrorismo». La corte sostiene que la norma busca «reducir tensiones institucionales y políticas» y se limita a delitos cometidos en el contexto del movimiento independentista catalán. Quedan excluidos los actos que hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos, cuya identificación corresponde a los tribunales nacionales.

Principios de igualdad y primacía

El tribunal considera que la ley «respeta los principios de igualdad de trato y de no discriminación», ya que su finalidad es la reconciliación en un contexto político particular. También descarta que vulnere el principio de primacía del Derecho de la UE o el de cooperación leal.

Dudas sobre el plazo de ejecución

Los magistrados muestran reservas sobre el plazo de dos meses para dictar la amnistía y alzar medidas cautelares. Señalan que «podría privar de efecto útil al procedimiento prejudicial» si se aplica antes de que el TJUE resuelva una cuestión prejudicial. No obstante, el Gobierno español sostiene que la ley permite una interpretación conforme con el Derecho de la UE.

Antecedentes: el camino hacia la sentencia

La decisión del TJUE responde a dos cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional. El abogado general Dean Spilmann ya allanó el camino en noviembre de 2025 al descartar que la norma fuera una «autoamnistía» y considerar que se aprobó en un contexto de reconciliación política y social.

Implicaciones: la última palabra la tienen los tribunales españoles

La sentencia avala la ley, pero corresponde a los tribunales nacionales aplicarla. El Tribunal Constitucional debe resolver si la norma se ajusta a la Constitución y el Supremo decidirá si amnistía a Puigdemont, lo que permitiría su regreso a España. La ley ya ha beneficiado a más de 300 políticos y ciudadanos investigados por el ‘procés’.