El Gobierno califica de incomprensible la negativa a Begoña Gómez para viajar a la OTAN

El auto del juez Antonio Viejo prohíbe a Begoña Gómez viajar a Ankara para la cumbre de la OTAN, pero autoriza un viaje privado a Londres. El Gobierno de Pedro Sánchez considera contradictoria la decisión judicial, que permite a la esposa del presidente viajar a la graduación de su hija en Reino Unido mientras veta su acompañamiento a la cita internacional.

Moncloa denuncia contradicciones en la decisión judicial

Fuentes del Ejecutivo subrayan que el mismo auto que veta el desplazamiento a la OTAN sí autoriza a Gómez a viajar a Londres, un trayecto estrictamente privado y sin cobertura institucional. El magistrado justifica la denegación porque Gómez no tiene intervención activa en la cumbre y Turquía queda fuera del espacio de libertad de la UE. Para Moncloa, este argumento es inconsistente: si el riesgo de fuga que justifica la retirada del pasaporte fuera real, tampoco debería permitirse un viaje personal a un país no comunitario.

Antecedentes de un patrón judicial cuestionado

No es la primera vez que el Gobierno encuentra incoherente la lógica judicial. El juez Peinado retiró el pasaporte a Gómez y la citó bajo amenaza de conducción forzosa. El Ejecutivo denunció entonces que el juez no tiene límites. El ministro Óscar Puente cuestionó la coincidencia de la citación con la comparecencia de Sánchez en el Congreso. El argumento del riesgo de fuga ha sido contestado no solo por el Gobierno: Peinado sugirió que los escoltas de Gómez podrían ayudarla a huir, algo que los sindicatos policiales calificaron de barbaridad e Interior pidió explicaciones al Poder Judicial.

Comparación con el caso de otro expresidente

En Moncloa destaca la comparación con el juez José Luis Calama, instructor de la causa contra José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra. Calama rechazó imponer medidas cautelares, incluida la retirada del pasaporte, alegando la visibilidad pública y arraigo del expresidente, la ausencia de intención evasiva y que tal restricción sería incompatible con el principio de proporcionalidad. El entorno de Sánchez sostiene que en su esposa concurren esos mismos factores, pero Peinado adoptó la medida contraria.

Implicaciones de una instrucción bajo sospecha

El episodio no se lee en Moncloa como un hecho aislado, sino como la última pieza de un patrón denunciado por el Gobierno: el de decisiones que no responden a un riesgo procesal real, sino a una lógica que el Ejecutivo considera cada vez más difícil de justificar en derecho.