Gobierno limita financiación pública a medios al 35% de sus ingresos

El Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público. La norma fija un tope máximo de inversión pública en un medio. El texto se somete ahora a consulta pública.

Contenido y origen de la propuesta

La ley establece que ningún medio puede depender para su subsistencia de una inversión pública superior al 35% de sus ingresos totales. El Ejecutivo presenta la iniciativa como herramienta contra la desinformación. El proceso normativo comenzó en mayo de 2024, tras la reflexión de Pedro Sánchez durante la investigación judicial a su esposa.

Base legal y ajuste del límite

La base legal es el Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA). Este reglamento obliga a criterios transparentes en la asignación de fondos, pero no fija porcentajes. La cifra del 35% es un ajuste pragmático desde un borrador inicial del 30%, para buscar respaldo parlamentario.

Requisitos adicionales y reacciones

La ley exige mayor transparencia en la propiedad de los medios y prevé ayudas para cabeceras en lenguas cooficiales. La oposición recela de la norma y la ve como un intento de censura por autoprotección. El Gobierno defiende que afectará a pseudomedios escorados a la derecha.

Antecedentes de la norma

El presidente Sánchez anunció esta ley tras su retiro de cinco días, cuando un juez abrió diligencias contra su esposa. Argumentó entonces la necesidad de defenderse de campañas de acoso y fortalecer el ecosistema informativo contra los bulos.

Próximos pasos e implicaciones

El anteproyecto se someterá a consulta pública antes de volver al Consejo de Ministros como proyecto de ley. Posteriormente se remitirá al Congreso, donde tiene un largo e incierto recorrido parlamentario sin garantías de apoyo.