Exjefe de Maroto niega ante el juez tratar con Koldo la licencia de Villafuel
Juan Ignacio Díaz Bidart declaró como testigo en la Audiencia Nacional sobre el ‘caso Villafuel’. El exjefe de Gabinete de la exministra Reyes Maroto desmintió testimonios que le implicaban en agilizar una licencia para la empresa investigada por un fraude de 231 millones en hidrocarburos.
Declaración de Díaz Bidart ante el juez Pedraz
El exnúmero dos de Reyes Maroto en el Ministerio de Industria declaró este miércoles. Negó haber gestionado documentación sobre Villafuel y recordó que no tenía competencias para tramitar esa licencia, que correspondía al Ministerio de Transición Ecológica.
Desmentido a los testimonios de Aldama y Pano
Díaz Bidart contradijo las declaraciones previas del corruptor confeso Víctor de Aldama y de la empresaria Carmen Pano. Esta última afirmó que los papeles de Villafuel se presentaban a Díaz Bidart a través del exasesor Koldo García. El declarante dijo no recordar conversaciones sobre el tema con Koldo.
Reunión técnica y tramitación prolongada
El testigo reconoció una reunión de cinco minutos con dos técnicos sobre Villafuel. La tramitación de la licencia para operar como operador de gasolina duró unos 600 días, muy por encima de la media, porque la empresa no cumplió inicialmente los requisitos, como una fianza de tres millones.
Declaración previa de Marc Pons
La semana pasada, Marc Pons, exjefe de Gabinete de Teresa Ribera, declaró como testigo. Aseguró reunirse con Koldo García por su cargo, pero no para tratar asuntos de la trama de hidrocarburos. Pons negó cualquier participación en la tramitación de la licencia de Villafuel.
Antecedentes de la investigación
El juez Santiago Pedraz investiga el ‘caso Villafuel’, una de las tramas de fraude de hidrocarburos. La investigación implica a Víctor de Aldama y a su socio Claudio Rivas, cuya empresa está acusada de defraudar más de 231 millones de euros en IVA.
Implicaciones del caso
Las declaraciones judiciales buscan esclarecer la posible influencia en la concesión de una licencia a una empresa investigada por fraude. El caso conecta a varios exaltos cargos de ministerios con una trama de corrupción en el sector de los hidrocarburos valorada en cientos de millones.
