Soberanistas catalanes reclaman al Congreso derogar decretos de 1707
Junts, ERC, CUP y comunes registran iniciativa legal. Piden derogación de leyes de Felipe V que abolieron instituciones de Corona de Aragón.
Iniciativa Parlamentaria Conjunta
Los grupos Junts, ERC, CUP y comunes han registrado una proposición de ley en el Parlament. La iniciativa reclama al Congreso la derogación de los decretos de Nueva Planta. Estos decretos fueron promulgados entre 1707 y 1716.
Fundamento Histórico de la Demanda
El independentismo sitúa el origen del conflicto político catalán en estos decretos. El acuerdo de Bruselas entre PSOE y Junts ya los mencionaba. La propuesta señala que «instauraron un régimen uniformizador de carácter absolutista y centralizador».
Trámite y Mayorías Necesarias
Si el Parlament aprueba la propuesta, se presentará en el Congreso para tramitación por lectura única. Las cuatro fuerzas impulsoras no suman mayoría absoluta, por lo que necesitan que el PSC no la bloquee.
Alcance de la Derogación
Se reclama específicamente la derogación de los decretos de abolición de los fueros de los Reinos de Valencia y Aragón, y los de Nueva Planta del Reino de Mallorca y el Principado de Cataluña. Son tres leyes de 1707, 1715 y 1716.
Justificación y Objetivos
Las fuerzas soberanistas demandan un «ejercicio de reparación histórica» y de «justicia institucional». El objetivo es «reconocer la continuidad institucional» y «eliminar rastros normativos y simbólicos de aquella imposición».
Comparativa con Otros Territorios
Los grupos lamentan que la Constitución de 1978 derogó la abolición del régimen foral del País Vasco y Navarra, sin hacer referencia a los decretos de Nueva Planta.
Antecedentes Históricos
Tras la guerra de sucesión española, el rey Felipe V promulgó entre 1707 y 1716 leyes que abolieron las instituciones y los sistemas jurídicos de los territorios que integraban la Corona de Aragón, que se habían mostrado partidarios de los Austrias frente a los Borbones.
Implicaciones Políticas
La iniciativa sitúa una reivindicación histórica en la agenda parlamentaria actual, vinculando el conflicto político catalán con legislación del siglo XVIII y buscando su tramitación a través del Congreso de los Diputados.
