Gobierno lleva a Madrid a tribunales por registro de objetores al aborto
El Gobierno recurre a la vía contencioso-administrativa tras el incumplimiento del plazo para crear el registro de objetores. La Comunidad de Madrid se negó a elaborar el listado exigido por la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2023.
Enfrentamiento por el registro de objetores
La ministra Mónica García acusó a Isabel Díaz Ayuso de declararse en rebelión contra el derecho al aborto. El Gobierno dio un mes de plazo a Madrid, Aragón y Baleares para crear este registro. El Ejecutivo regional optó por hacer caso omiso del requerimiento.
Postura del Gobierno de Madrid
Desde el Gobierno de Díaz Ayuso afirmaron: Preferimos que sea un tribunal quien indique lo que se debe hacer, antes que un Gobierno sectario. Consideran que la objeción de conciencia es un derecho individual de los profesionales sanitarios.
Base legal del conflicto
La ley de aborto de 2023 regula la objeción de conciencia como derecho individual de cada profesional. Exige crear un registro de objetores que garantice tanto el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo como el derecho a la objeción.
Implicaciones del conflicto
El caso judicial determinará el cumplimiento de la ley estatal por parte de las comunidades autónomas. La resolución afectará a la aplicación de la normativa sobre objeción de conciencia en el sistema sanitario.
