La Audiencia de Madrid guió al juez para imputar a Begoña Gómez por malversación

La Audiencia Provincial de Madrid indicó en junio al juez Peinado cómo imputar por malversación a Begoña Gómez y su asesora. El juez aplicó estas pautas en agosto, cambiando su criterio inicial. La base es considerar a los investigados como funcionarios públicos a efectos penales.
La Verdad
El juez de Madrid Juan Carlos Peinado a su salida del juzgado. RTVE
El juez de Madrid Juan Carlos Peinado a su salida del juzgado. RTVE

Audiencia de Madrid instruyó al juez Peinado para imputar a Begoña Gómez

Un auto de la Audiencia Provincial de Madrid del 12 de junio indicó al juez Juan Carlos Peinado cómo proceder para imputar un delito de malversación a Begoña Gómez y a su asesora, Cristina Álvarez. La resolución pasó inicialmente desapercibida.

El giro procesal

El juez imputó a las investigadas en agosto, tras el auto de la Sección 23. Peinado había descartado previamente el delito de malversación en mayo. El caso se abrió hace 16 meses por una denuncia de Manos Limpias.

Fundamento de la imputación

La Audiencia señaló que los investigados podían ser considerados funcionarios públicos a efectos penales sin serlo. Esto permitió imputar malversación por la actividad de la asistente de Gómez en una cátedra de la Universidad Complutense.

Instrucciones de la Sala al juez

Los magistrados dieron pautas concretas sobre los indicios de responsabilidad penal. Indicaron la necesidad de analizar las comunicaciones de las investigadas y citaron el artículo 24.2 del Código Penal.

Recogida de pruebas

Peinado solicitó a la Guardia Civil el análisis de llamadas y correos el pasado 16 de septiembre. Esta medida deriva directamente de las indicaciones de la Audiencia Provincial.

Antecedentes: Un cambio de criterio

La tesis de la Audiencia supone un cambio. El Tribunal Supremo ya rechazó una línea similar de investigación contra el ministro Félix Bolaños, alegando falta de respaldo indiciario.

Cierre: Continuidad del procedimiento

El juez dispuso la imputación formal de los tres investigados y la continuación del procedimiento por la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado. El caso queda ahora en manos de la justicia popular.

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