Fiscal general alega inocencia por filtración ante el Tribunal Supremo
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, presentó sus alegaciones al Tribunal Supremo. Niega la revelación de secretos en el caso del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Argumento central de la defensa
La Abogacía del Estado argumenta que no existe delito. Sostiene que el «núcleo esencial» de la información ya había sido difundido previamente por el aparato institucional de la Comunidad de Madrid. Señala que unas 600 personas tenían acceso al contenido clave.
Secuencia de los hechos
La defensa presenta una cronología. Indica que la información de eldiario.es el 12 de marzo de 2024 desencadenó una reacción. Describe una «operación perfectamente orquestada» desde la Comunidad de Madrid para contrarrestar el impacto político.
Actuaciones del jefe de gabinete
Se sitúa el foco en Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Díaz Ayuso. Afirma que envió mensajes a periodistas con «informaciones que no se correspondían con la realidad». También facilitó el contacto entre González Amador y El Mundo, medio que publicó datos esenciales a las 21:29 horas del 13 de marzo.
Reacción de la Fiscalía
La publicación de El Mundo generó «desconcierto y preocupación» en la Fiscalía. García Ortiz activó de forma urgente una investigación interna para averiguar los hechos reales. Recibió los correos electrónicos completos a las 23:44 horas del mismo día.
Acceso a la información
La defensa alega que el abogado de González Amador rompió la confidencialidad al enviar el correo a cuentas genéricas. Precisamente, unos 600 funcionarios de Fiscalía y personal del Decanato de Madrid podían haber accedido a la investigación.
Antecedentes del caso
El magistrado del TS Ángel Hurtado considera que García Ortiz filtró a la SER el correo de la defensa de González Amador. El fiscal general se enfrenta a una pena de hasta cinco años de prisión.
Implicaciones y cierre
El escrito rechaza cualquier perjuicio para González Amador, subrayando que la posibilidad de un acuerdo «todavía sigue abierta». Para el juicio, la defensa propone declaración de testigos clave y rechaza otras pruebas solicitadas por acusaciones populares.
